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Economía

"Lo lógico sería que los tribunales se pronunciaran igual" en casos como el de Deliveroo

Román García, director territorial de Inspección de Trabajo y Seguridad de Aragón, asegura que el juicio que se celebra este lunes en Madrid  es importante en la medida en que es el primero que supondrá un pronunciamiento amplio sobre estos casos.

Román García Oliver es el Director Territorial de Inspección de Trabajo y Seguridad de Aragón
Román García Oliver es el Director Territorial de Inspección de Trabajo y Seguridad de Aragón
Toni Galán

"El juicio que se va a celebrar este lunes en Madrid es importanteen la medida en que es el primero que supondrá un pronunciamiento amplio sobre un conjunto de casos, los repartidores de Deliveroo o 'falsos autónomos', que desarrollan su actividad en distintas ciudades y cuya relación laboral ha sido puesta en cuestión  a instancias de la Administración y las actuaciones de la ITSS. Lo dice Román García, director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad de Aragón.

"Lo lógico es que los tribunales se pronunciaran igual. En todo caso los juicios van a ser en fechas separadas y puede que dicten sentencias contradictorias. En función de su resultado puede que acaben en los tribunales superiores de justicia de cada comunidad, y en caso de contradicción en el futuro se podría acudir al Supremo que es quien puede unificar", asegura  Román García.

María Soledad Serrano, directora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a nivel estatal que estuvo el pasado mes en Zaragoza,  lo comparte. "Hay sentencias contradictorias. Pienso que al final todo se clarificará y habrá una sentencia de unificación de doctrina. Será el Supremo el que nos de la razón o nos la quite, y yo espero que nos la dé". De cualquier forma, los juicios no están señalados en Zaragoza hasta finales de 2019.  

Román García recuerda que Zaragoza fue pionera  a la hora de sacar a la luz este conflicto laboral y actuar contra Glovo al entender que sus repartidores "deben ser considerados como trabajadores por cuenta ajena y no como autónomos, por lo que ha cursado el alta de oficio en el régimen general de la Seguridad Social de 326 trabajadores y ha practicado acta de liquidación exigiendo a la empresa cotizaciones por importe de 379.963,09 euros". Una actuación desarrollada por un equipo de Inspección desde el 13 de julio de 2017 al 9 de marzo de 2018, que incluyó entrevistas personales a 181 de los trabajadores afectados. Asimismo, respecto a Deliveroo, indica García, se practicaron altas de oficio a 55 trabajadores y el acta de liquidación en este caso ascendió a 35.499,67 euros.

"Lo razonable sería que las denuncias de Deliveroo y Glovo llegasen al Supremo para atajar de raíz este problema" señala Daniel Alastuey, secretario general de UGT Aragón. "Si no frenamos este fenómeno de los falsos autónomos, se puede extender a otros sectores. Ahora son los repartidores, pero en el futuro pueden ser otros. Cuando el mundo laboral está cambiando tanto, habría que legislar cuanto antes esto para evitar que sigan proliferando los 'falsos autónomos' en otras ramas de actividad".

Pero mientras llegan las sentencias seguirán apareciendo más denuncias. "Dar con falsos autónomos es un trabajo que lleva mucha investigación desde el punto de vista de la Inspección. Trabajamos con los instrumentos jurídicos que tenemos. Que nos vendría bien una ley, sí, pero esto ya excede de nuestra competencia", indica María Soledad Serrrano.

Unificación de doctrina es lo que piden estos expertos teniendo en cuenta que este lunes se celebra  en Madrid el juicio que enfrenta a la Tesorería General de la Seguridad Social contra la empresa Deliveroo a raíz de una denuncia interpuesta por Inspección de Trabajo y en el que han sido citados 517 repartidores de la región.

El juicio trata de esclarecer si estos trabajadores deben ser asalariados y no trabajadores autónomos de la multinacional británica, como expone la Inspección de Trabajo y que determina que estos repartidores están bajo una "falsa apariencia" de autónomos por cuenta propia para "encubrir" una relación laboral ordinaria.

En el caso de Barcelona, Inspección de Trabajo impuso a la empresa la obligación de dar de alta a los repartidores en el Régimen General de la Seguridad Social y abonar 1,3 millones de euros en concepto de cuotas a la Seguridad Social no abonadas. "Este juicio del lunes es muy importante. Los juicios celebrados hasta ahora, hacen referencia al caso concreto de los demandantes y, por tanto, las sentencias que se obtengan no extienden sus efectos a la totalidad del colectivo de repartidores. En cambio, la demanda que debe resolverse este lunes sí hace referencia al conjunto de repartidores de Madrid, a la espera que se celebren los juicios por las denuncias interpuestas también en Valencia y Barcelona", ha señalado en declaraciones el abogado laboralista de Colectivo Ronda Nacho Parra.

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