La cuota de autónomos subirá 5,36 euros mensuales pero disfrutarán de "verdadero derecho a paro"

El secretario de Estado de Seguridad Social se ha reunido con las asociaciones de autónomos ATA, UPTA, Uatae y CEAC en aras de un acuerdo, que deberá recibir el visto bueno de los interlocutores sociales y refrendarlo en el Parlamento.

El gobierno pacta con los autónomos subir sus tipos hasta el 31% para 2022, según ATA y UPTA
El gobierno pacta con los autónomos subir sus tipos hasta el 31% para 2022, según ATA y UPTA

La cuota social de los autónomos subirá poco más de 5 euros al mes en 2019, según lo pactado por la Seguridad Social y las asociaciones de autónomos que han dejado ultimado un acuerdo a cuatro años al que solo le quedan concretar algunos detalles.

La parte fundamental está cerrada de conformidad con las cuatro asociaciones de autónomos negociadoras (ATA, UPTA, UATAE y CEAT) y es la que se refiere a la subida de las bases y los tipos de cotización.

El pacto contempla una subida de la base mínima de cotización del 1,25 % en 2019, hasta los 944,35 euros al mes (1.214 euros en el caso de los autónomos societarios).

El tipo de cotización aplicable a esa base será el año que viene del 30 %, con lo que la cuota mensual a pagar ascenderá a 283,3 euros al mes, 5,36 euros más que en la actualidad (6,7 euros más para los societarios).

Los detalles del acuerdo los han proporcionado las asociaciones mayoritarias ATA y UPTA en rueda de prensa conjunta, en la que han valorado un pacto que exige cotizar "un poco más" a los autónomos pero a cambio supone ampliar las prestaciones que reciben.

Ambas asociaciones han destacado que los autónomos disfrutarán de "un verdadero derecho a paro", así como de una cobertura por riesgo profesional, una mejora de las prestaciones por incapacidad temporal por enfermedad, avances en la conciliación y en la protección de las autónomas ante la maternidad y derecho a la formación continua.

La subida de la base mínima de cotización en un 1,25 % es solo para 2019, a la espera de que el año que viene se regule el nuevo sistema que vinculará las cotizaciones a los ingresos reales.

Precisamente este asunto es que el que ha llevado a UATAE a decir que, aunque "está cerca", no se ha cerrado el acuerdo, puesto que trata de que el Gobierno "establezca un compromiso con fecha cierta" para que los autónomos coticen en función de sus ingresos reales antes de que termine 2019.

Para poder llevar a cabo esta vinculación, la Seguridad Social y la Agencia Tributaria están cruzando los datos de afiliados al RETA con los relativos a obligaciones fiscales y de recaudación.

Por ello, la Secretaría de Estado de la Seguridad Social se ha comprometido a presentar antes del 31 de enero de 2019 un primer documento que desarrolle este sistema de cotización, con el objetivo de culminar el acuerdo con las organizaciones durante 2019.

También falta por incluir en el documento el compromiso para que en el marco del diálogo social se estudien medidas para evitar el trasvase de trabajadores del régimen general al RETA "por razones fiscales".

El acuerdo sobre los tipos de cotización es a cuatro años, de forma que tras la subida al 30 % en 2019, el tipo total llegará al 30,3 % en 2020 y al 30,6 % en 2021, para terminar en el 31 % en 2022.

Este aumento es derivado de la obligatoriedad de cotizar -además de por contingencias comunes- por las profesionales, cese de actividad y formación.

A cambio, los autónomos recibirán prestaciones por accidente de trabajo o enfermedad profesional, lo que "podría suponer un incremento de su cuantía", al tiempo que generarán el derecho a cobrar por cese de actividad, duplicando los periodos de duración.

Además, los autónomos no tendrán que cotizar por contingencias comunes desde el segundo mes de baja y las mutuas deberán realizar programas de formación y prevención de riesgos laborales para los autónomos.

Respecto a los autónomos societarios, se abre la puerta a la incorporación de estos trabajadores al régimen general basado en "el cumplimiento de requisitos objetivos" y de la "voluntariedad de los afectados", una posibilidad que ha sido especialmente valorada por la CEAT.

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