La hucha de las pensiones se vacía: ¿debemos echarnos a temblar?

El Gobierno sacará otros 3.000 millones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, con lo que terminará el año con apenas 5.000 millones

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, este miércoles en el Congreso
La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, este miércoles en el Congreso

El anuncio de la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, de que el Gobierno va a sacar otros 3.000 euros de la hucha de las pensiones supone que este instrumento se quede con unos fondos de apenas 5.000 millones, cuando llegó a tener 67.000. Pero ¿conlleva eso algún riesgo de impago de las pensiones? ¿Qué otras alternativas hay compensar el déficit del sistema?

¿Qué es la hucha de las pensiones?

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social, más conocido como la hucha de las pensiones, nació en 1997 en el marco del Pacto de Toledo, aunque no entró técnicamente en vigor hasta tres años más tarde, cuando el Estado inyectó los primeros 601 millones de euros. Se trata de un instrumento destinado a servir como colchón financiero para pagar las pensiones contributivas en el caso de que, como ha sido el caso, una crisis lastre la economía.

En realidad se trata de un fondo soberano de inversión, con lo que además de las aportaciones del Estado genera rendimientos anuales… o pérdidas, claro. Hasta este año la rentabilidad siempre había sido positiva, pero en 2018 se están registrando rendimientos negativos por primera vez (de apenas 24 millones de euros). Esto es así por la decisión de invertir en activos a corto plazo ante la previsible necesidad de disponer de dotaciones.

¿Cuál es la situación actual?

Hasta 2012 la hucha había recibido en total casi 53.000 millones de euros, a lo que se sumaban unos rendimientos de 14.000 millones. Ese año fue el que mayor tamaño tuvo el fondo: casi 67.000 millones. Pero a partir de ese año el Gobierno (entonces en poder del PP de Mariano Rajoy) empezó a verse obligado a sacar dinero, lo que fue progresivamente lastrando el tamaño de la hucha.

El año en que mayores disposiciones de efectivo se registraron fue 2016, cuando se sacaron 20.136 millones de euros. A 31 de diciembre de 2017 el Fondo disponía de 8.095 millones, según los datos de la Seguridad Social. A esta cantidad hay que restar los 3.000 millones que la ministra de Trabajo ha anunciado, en una entrevista en 'El País', que necesitarán para la paga extra de Navidad.

¿Cuál es el motivo de semejante caída?

Como es sabido, la crisis económica se cebó especialmente en España con el mercado de trabajo. Esto a su vez generó un desajuste entre los gastos y los ingresos de la Seguridad Social: a la fuerte caída de las cotizaciones por el aumento del desempleo, la subida de la temporalidad y la caída de los salarios se ha unido el crecimiento en el número de pensiones y a su cuantía. Un cóctel explosivo que está a punto de finiquitar la hucha de las pensiones.

El año pasado, el desfase entre los ingresos y los gastos de la Seguridad Social ascendió a 18.700 millones de euros: entraron al sistema 127.752 millones de euros -el 90%, aportados por empresarios y trabajadores- y salieron 146.508 millones.

¿Qué pasará cuando la hucha se vacíe?

Nada, más allá de que el Gobierno que se enfrente a esa inminente situación deberá tomar medidas para financiar las pérdidas del sistema de pensiones. Es decir, que seguirá habiendo dinero para pensiones, aunque el Estado deberá compensarlo con ingresos por otras vías. Hay principalmente dos alternativas: o nuevos impuestos o cotizaciones más altas.

En el primer caso, lo más probable es que el Ejecutivo crease un gravamen específico -y quizás limitado en el tiempo- para compensar el desajuste. En esta línea va el tipo del 0,2% sobre la compra de acciones de empresas españolas cotizadas con una capitalización superior a los 1.000 millones que aprobó el Consejo de Ministros en octubre, y que se prevé que genere unos ingresos de 850 millones de euros que se inyectarían al sistema de pensiones.

En el segundo, las opciones son elevar la base máxima de cotización, algo que ya ha trasladado el Gobierno a la Autoridad Fiscal (Airef) -un aumento de entre el 10% y el 12%, lo que supondrá un extra de ingersos de entre 1.000 y 1.100 millones-, o subir en un porcentaje determinado las cotizaciones que pagan los empresarios por los trabajadores.

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