Economía
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Deslocalización industrial

Los anuncios de cierres de fábricas de Alcoa y Cemex debilitan el prestigio de España como país receptor de inversiones industriales. También constatan lo evidente, que las multinacionales solo trabajan ahí donde obtienen rentabilidad.

Los gobierno pueden facilitar la llegada de inversiones extranjeras.
Los gobierno pueden facilitar la llegada de inversiones extranjeras.
F. P.

Crece España por encima de la media europea y aparentemente no hay razones para pensar que la desaceleración económica que viene nos sacudirá con el alcance de la crisis provocada por el fin de la burbuja financiera e inmobiliaria desatada entre 2007 y 2008, pero a veces hay noticias inesperadas que lanzan voces de alarma sobre frentes no previstos. En un mundo mucho más interconectado que antes, la economía globalizada exige hoy a grandes grupos multinacionales ajustar mejor sus cuentas y adoptar en un momento dado decisiones como abandonar un país y apostar por invertir en otro, y lo hacen sin contemplaciones. Es una simple cuestión de rentabilidad. Siguen aquí porque ganan dinero o se van porque no quieren seguir perdiendo más.

El gigante del aluminio estadounidense Alcoa anunció hace unas semanas que cerrará dos de sus tres fábricas en España, ubicadas en Avilés y La Coruña, lo que conllevará la pérdida de cerca de 700 empleos. La noticia pilló desprevenido al Gobierno central, que intenta ahora con los de Asturias y Galicia conseguir que la empresa dé marcha atrás en su decisión. Una de las razones esgrimidas por Alcoa para llevar adelante tan drástica medida tiene que ver con el elevado precio de la electricidad, que concentra un 40% del total de los costes de la producción de aluminio, según apuntaron fuentes sindicales vinculadas a los centros de trabajo que se cerrarán.

La mención al precio de la energía, que tanto enfado generó a la ministra de Transición Ecológica y Medio Ambiente, Teresa Ribera -que aseguró que Alcoa no habría acordado esos cierres por esa razón-, es uno de los talones de Aquiles de la industria en España, como bien sabemos en Aragón porque así lo han manifestado muchas veces los directivos de grandes consumidores de energía como el grupo papelero Saica o las empresas del sector del automóvil, encabezadas por Opel.

Otra multinacional con importante presencia en España, la mexicana Cemex, anunció en esos mismos días que cerrará dos de las fábricas que tiene en el país (en Almería y Baleares) que suman unos 200 empleados. La compañía, que mantiene la planta que tiene en Morata de Jalón (Zaragoza), atribuye el ajuste a la actual coyuntura del sector de la construcción, especialmente de grandes infraestructuras, y a la nueva regulación sobre derechos de emisión de CO2 que entrará en vigor en Europa en 2020.

La coincidencia en el tiempo de las decisiones anunciadas por Alcoa y por Cemex debilita el buen nombre que tiene España como país receptor de inversiones y ratifica también la socorrida afirmación de que «las multinacionales no tienen corazón». Pero no hay que ser ingenuos ni sentimentales. Los números mandan y las empresas están obligadas a ganar dinero. De lo contrario, se ven abocadas al cierre.

La deslocalización es un mal que se combate ofreciendo al inversor extranjero más ventajas que las que puede obtener si se marcha a otro país. Algunas de ellas dependen de cada empresa (masa salarial, aportación en materia de I+D+i, costes logísticos derivados de la ubicación del centro, etc.), pero hay otras que tienen mucho que ver con actuaciones políticas. La seguridad jurídica es fundamental y el apoyo y la buena acogida que Gobiernos regionales y ayuntamientos dan a una empresa cuentan mucho, pero al final suelen inclinar la balanza a favor o en contra de una nueva inversión decisiones que no se toman en ámbitos locales. Entre ellas los precios de las materias primas -afectados por numerosísimos factores- y los de la energía, en los que el Ejecutivo central tiene cierto margen de maniobra. Ejercerlo con sentido de Estado corresponde hoy a Teresa Ribera.

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