Preguntas y respuestas sobre el fallo del TS que libra a los clientes del impuesto hipotecario

La sucesión de preguntas que se hacen quienes tienen una hipoteca desde que este jueves conocieron el fallo del Supremo sobre el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) suena casi al unísono: ¿Me devolverán el dinero de ese tributo? ¿Quién lo hará? Y, sobre todo, ¿cómo tengo que actuar para conseguirlo? Aunque el sentido de la sentencia es claro -es el banco el que debe abonar el tributo-, se han abierto muchas cuestiones para poder recuperar ese dinero. El conflicto de casos como el de las cláusulas suelo aconsejan mantener la tranquilidad y, sobre todo, mucha paciencia.

[Actualización: El Tribunal Supremo paraliza la sentencia sobre los impuestos de las hipotecas y dice que la revisará antes de aplicarla]

Esa es la cuestión primordial. El AJD grava con un tipo de entre el 0,5% y el 1,5% la constitución de la hipoteca, dependiendo de cada comunidad autónoma. Para un préstamo con una responsabilidad hipotecaria de 125.000 euros, la liquidación se movería entre los 625 y los 1.875 euros. Esa sería la cuantía a recuperar, pero siempre dependerá de lo que se encuentre fijado en la liquidación del impuesto, cuyo documento debería tener el contribuyente.

Todavía no. El ministerio aún estudia cómo va a actuar ante esta problemática sobrevenida. Cuando se aclare su actuación, implicaría optar por la vía administrativa, sin coste, ante la administración tributaria regional, como explica José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha). "Si se firmó la hipoteca en los cuatro últimos ejercicios se puede solicitar la devolución a su comunidad autónoma, más intereses", indica. Este experto recuerda que el Supremo no ha cambiado la interpretación de un artículo del impuesto, sino que ha "realizado una anulación del reglamento". Por tanto, Hacienda debería reintegrar esas cantidades "para después reclamárselas al banco", sostiene.

Quienes hayan constituido su hipoteca antes de 2014 -también puede tratarse de créditos de empresas con garantía hipotecaria- no tienen ninguna posibilidad de solicitar el dinero ante Hacienda. Lo podrán hacerlo a través de la vía civil, con demanda judicial, ya sea individual o colectiva, como las que presentan asociaciones de consumidores y bufetes de abogados especializados.

La banca ya ha advertido de que cumplirán la sentencia del Supremo en lo relativo a pagar el AJD desde ahora, como le exigen los magistrados. Pero las entidades no interpretan que esa resolución implique que tengan que devolver a los clientes el dinero que estos pagaron por ese impuesto cuando obtuvieron la hipoteca. "Ese importe lo pagaron a Hacienda", sostienen los bancos. La estrategia para demandar por la vía judicial pasa, en casi todos los casos, por alegar que las cláusulas de la escritura en la que se reflejaba que el hipotecado era quien asumía los gastos es abusiva. En este caso, los expertos recomiendan armarse de paciencia. La saturación de los juzgados, por la avalancha de demandas, así como la postura de la entidad llevando el conflicto judicial hasta las últimas consecuencias es un hecho que ya se ha comprobado en otros casos similares cuyo proceso ha durado años.

Los afectados que hayan pleiteado con su banco por esta cuestión y hayan agotado todas las vías judiciales, con una resolución definitiva, no tienen margen de maniobra. No podrán reclamar ninguna cantidad porque la legislación entiende que el caso ya ha sido juzgado y no procede a reabrirlo, aunque aquel fallo se dictara a favor de la entidad.

Ese acuerdo que se haya alcanzado con la entidad pasa a ser nulo y se puede reclamar a través de una demanda.

Lo más oportuno será continuar pleiteando por la vía civil la nulidad de la cláusula y la devolución de todos los gastos, sin plazo de prescripción. Aunque el banco puede alegar "falta de legitimación pasiva", recuerdan en reclamador.com, el Supremo ha resuelto la cuestión fallando que el conocimiento de las controversias entre particulares acerca del cumplimiento de obligaciones corresponde, en principio, a la jurisdicción civil.