El economista francés del siglo XVIII Vincent de Gournay patentó el término ‘burocracia’ para denunciar el afán reglamentista de las autoridades del Antiguo Régimen. A partir de entonces el concepto ha sido objeto de incontables y muy diversas interpretaciones que han incidido en la crítica original. Sin embargo, también ha habido visiones más benévolas, como la ya clásica del sociólogo Max Webber, quien, sin dejar de percibir la rigidez, la falta de innovación o el papeleo abrumador, destacó de la burocracia sus ventajas en términos de precisión, claridad, transparencia, división de tareas y supervisión jerárquica de las mismas.

La burocracia estuvo tradicionalmente ceñida en exclusiva a la administración pública, tanto en su funcionamiento interno, como en sus relaciones oficiales con la sociedad civil. Por lo tanto, un burócrata tenía que ser necesariamente un funcionario. Recientemente, en cambio, a la anterior concepción se ha incorporado la burocracia creada por el sector privado. Así, hoy también entendemos por burocrático todo desempeño que no es característico de una actividad o de una profesión, en forma de expedientes, informes, formularios y demás recursos de los que se da traslado o que se elevan a determinadas instancias, conforme a normas internas impuestas por empresas e instituciones.

Este proceso de burocratización se está viendo impulsado por las nuevas tecnologías informáticas y por las relaciones digitales, a cuyas oportunidades sería absurdo renunciar. Sin embargo, su uso no siempre responde a la eficiencia, ni a la evidente mercantilización de sus efectos. De hecho, una gran parte de la ingente información tan costosamente obtenida no se usa, bien por su obsolescencia, bien por falta de medios, o por simple desidia, de manera que su acopio obedecería a una obsesión compulsiva, quizás motivada por la realidad que nos desborda. De ser así, creo que se podría hablar de ‘buromanía’, término que, por cierto, también se le ocurrió a Gournay.