El empleo no será suficiente para financiar el actual sistema de pensiones si se quiere mantener el poder adquisitivo de los mayores. Y no sería posible ni siquiera imaginando que España se situara en el mejor de los escenarios posibles en lo referente al mercado laboral, a nivel de los países más competitivos de Europa, como por ejemplo Alemania, y alcanzara una tasa de empleo del 70% –con lo que tendría que incrementarse en casi 15 puntos– y el paro se redujera hasta el 5% (ahora está en el 16%). De lograrse esta hazaña que a día de hoy parece inalcanzable, el empleo solo conseguiría financiar el 60% del gasto en pensiones y el 40% restante habría que pagarlo con otros recursos, si no se reducir la actual tasa de sustitución.

Así lo advirtió ayer Pablo Hernández de Cos, director general del servicio de estudios del Banco de España, durante un encuentro sobre pensiones organizado por Inverco, la patronal de los principales fondos de inversión. Durante la jornada, De Cos hizo hincapié en que el gasto en pensiones ha aumentado desde el 7,6% del PIB en 2008 al 10,5% en 2017, lo que supone dos puntos por encima de la media de la OCDE, y seguirá creciendo de manera significativa, puesto que cada vez se viven más años y los nuevos pensionistas tienen mejores prestaciones. Así, según sus estimaciones, solo el componente demográfico, que tiene en cuenta el incremento de la tasa de dependencia y de la esperanza de vida, generaría un incremento de la partida en pensiones de 12 puntos porcentuales de PIB. Por eso, el Banco de España advierte que, pese a que el mercado laboral en España tiene margen para mejorar –algo que no sucede en Alemania, al estar en unos niveles de empleo muy buenos–, incluso considerando que pudiera darse el escenario más favorable, no sería suficiente para compensar todo el gasto en pensiones y podría asumir solo el 60%.

La institución que dirige Luis María Linde considera, por tanto, que "el mantenimiento de las tasas de sustitución actuales, que son elevadas en comparación internacional, exigiría incrementos muy significativos de los ingresos del sistema". En este sentido, se requerirían aumentos del tipo efectivo de imposición del sistema de cotizaciones de más de 10 puntos en el largo plazo, incluso en los escenarios macroeconómicos más favorables. "Para ello serían necesarias otras fuentes de financiación distintas a las actuales, dado que las cotizaciones sociales ya tienen un nivel elevado y aumentos significativos de ellas tendrían efectos negativos sobre el empleo", explica el informe ‘El sistema público de pensiones en España: situación actual, retos y alternativas de reforma’ elaborado por el Banco de España.

Ante esta realidad, Hernández de Cos sostuvo ayer que solo es posible reducir el cada vez más elevado presupuesto destinado a pensiones a través de reformas legislativas. En este sentido, dijo que había una "buena noticia", dentro del panorama negro que pintó: que las reformas de 2011 y 2013 conseguirán en el largo plazo el equilibrio del sistema, que ha pasado de tener un superávit del 1,2% en el periodo previo a la crisis a un déficit del 1,6% en 2017 y similar en los años previos, al igual que el fondo de reserva se ha ido deteriorando hasta situarse por debajo del 1% del PIB (apenas 8.000 millones). Sin embargo, esto se consigue gracias principalmente a reducciones de la pensión media con respecto al salario medio, es decir, a través de una disminución significativa de la tasa de sustitución de las pensiones públicas, que llegaría a reducirse más de 20 puntos porcentuales en 2060.

Y esto se logra fundamentalmente con la introducción del nuevo índice de revalorización, puesto que las pensiones no podrán crecer por encima del 0,25%, el mínimo legal establecido por ley, en los próximos 50 años, "lo que generaría un fuerte deterioro de las pensiones", según De Cos. Y es que la previsión para los próximos años es que la inflación crezca un 2%, con lo que cada ejercicio se perdería un 1,75% de capacidad de compra, a lo que además hay que añadir la entrada en vigor el próximo año del factor de sostenibilidad, que rebajará una media de 75 euros al año las nuevas pensiones.