I+D+i, política y empresa
La lucha feroz por la competitividad de las economías en el actual mundo globalizado se basa en gran parte en el alcance de la apuesta
real por la I+D+i (investigación, desarrollo e innovación) de las empresas y las instituciones de cada país, aunque ni unas ni otras demuestran tenerlo tan claro, quizás por su mentalidad cortoplacista. Se gana competitividad a través de los precios, en los salarios (normalmente bajándolos) y en innovación en el sentido más amplio de la palabra, pero los efectos de la última de estas tres herramientas se recogen siempre a más largo plazo, motivo para ser menos utilizada por quienes necesitan obtener resultados de inmediato.
Llevo muchos años escuchando a políticos y dirigentes de entidades diversas reclamar inversiones en I+D+i que se acerquen al 3% del PIB (de un país o de una región), y quiero pensar que no han predicado en el desierto porque la idea ha ido calando ahí donde se decide sobre esta materia, pero la sacudida de la crisis económica frenó muchas mejoras la prioridad era atender las necesidades sociales, justificaban las instituciones y la burocracia, la falta de cultura en esta cuestión y otras circunstancias han terminado por frustrar los sueños de quienes creyeron que España (y Aragón en nuestro caso) podían ser fuertes en innovación.
Ya entre 1999 y 2000, cuando la Comunidad aragonesa participaba en el programa RIS, esa Estrategia Regional de Innovación que promovió durante años la Comisión Europea, se decía que nuestro objetivo era incrementar del 0,7% al 1% sobre el PIB la inversión que destinábamos a I+D y del 2,27% al 4% si hablábamos de innovación en un sentido más amplio (es decir, sumando la i minúscula). Algo habremos mejorado pero aún no se ha alcanzado tal reto. España, de hecho, registró en innovación un 1,19% del PIB en 2016 (último dato oficial), un registro muy por debajo de la media de la UE (2,03%) y de países como Suecia (3,25%) o Alemania (2,94%).
El último informe de Cotec, la Fundación para la Innovación, correspondiente a 2017, revela que mientras el conjunto de la UE invierte hoy un 25% más en I+D que antes del inicio de la crisis, nuestra economía invierte un 10% menos. "España es, en realidad, una excepción en Europa y forma parte del grupo de los cuatro únicos países que todavía no han recuperado los niveles de inversión de 2008", afirma. Además, revela Cotec, en el último año solo se ha gastado el 29,7% de lo presupuestado en I+D+i en el país, la tasa más baja desde que se registran estos datos.
En un artículo reciente en este mismo espacio, Chaime Marcuello, profesor de la Universidad de Zaragoza, denunciaba la existencia de la segunda modificación de una orden en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) sobre las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a financiar proyectos estratégicos de los grupos de investigación, de I+D+i, etc., desvelando por un lado lo farragoso de la gestión de fondos para la innovación y, por otro, los obstáculos que tienen que sortear quienes trabajan en este campo. Acaso sea por estas razones que no se utiliza la mayor parte del dinero que se destina a innovación, como refleja el informe de Cotec.
En el mundo empresarial también hay quejas contra esa burocracia que en Aragón les impide llevar adelante proyectos innovadores que, a la larga, nos pueden posicionar como referente en algunos sectores de actividad. "Deberían dejar de poner palos en las ruedas de las empresas que apostamos por la innovación", señaló recientemente a este diario un directivo local con años de experiencia en estos menesteres. Más optimistas, en cambio, parecen estar los gestores de algunos de nuestros clústeres, las denominadas AEI (agrupaciones empresariales innovadoras), que en los últimos años se han hecho con destacados apoyos para llevar adelante proyectos de gran interés en campos como la automoción, las tecnologías de la información y la comunicación o la salud.
