No es oficial y ni siquiera el Ministerio de Empleo ha asegurado que vaya a llevarse a la práctica, pero si finalmente, tal y como adelantó el martes el vicesecretario de Política Social del PP, Javier Maroto, el Gobierno exime de IRPF a aquellos pensionistas que cobran menos de 17.000 euros al año, la medida beneficiaría a unos 40.000 aragoneses, según los datos facilitados este miércoles por UGT. Los cálculos realizados por CC. OO. en Aragón sitúan las cifra en torno a los 30.000 beneficiados. A ellos habrá que sumar los más de 187.000 jubilados (el 57,5% del total) cuya prestación es inferior a los 12.000 euros y, por lo tanto, no están obligados a presentar su declaración de la renta a Hacienda.

En cualquier caso, desde los sindicatos han reiterado en que hay que esperar para conocer la letra pequeña de la medida lanzada por los representantes del PP, pero no confirmada ni concretada por los responsables del Ejecutivo central. Porque, han explicado desde el sindicato, una cosa es que las condiciones fiscales con las que cuentan los pensionistas que cobran menos de 12.000 euros anuales se extiendan también a todos aquellos cuya pensión no suma los 17.000 euros al año, y otra muy distinta que todos aquellos que cobran por debajo de esta cifra estén totalmente exentos de IRPF.

Según los últimos datos del Ministerio de Empleo, de las algo más de 300.000 pensiones que se cobran en la Comunidad aragonesa, unas 190.000 corresponden a prestaciones por jubilación y de quienes las perciben, 88.716 (que representan el 40%) ingresan menos de 800 euros mensuales. Una cifra que desglosada aún más evidencia que son muchos más los que cobran entre los 600 y los 655,19 euros (33.882 personas), que aquellos cuya prestación se sitúa entre 700 y 800 euros (20.039) o entre 900 y 1.000 euros (de los que apenas hay 8.220 jubilados). En Aragon, algo más de 7.000 pensionistas ingresan entre los 2.400 y los 2.500, y apenas unas 840 personas disponen de una jubilación que supera los 2.500 euros mensuales.

Con esta iniciativa el Gobierno pretende dar respuesta a las demandas de los miles de jubilados que en las últimas semanas se han manifestado multitudinariamente en las calles de las práctica totalidad de las ciudades españolas, exigiendo unas pensiones dignas y denunciando la pérdida de poder adquisitivo de las prestaciones ya desvinculadas de la evolución del IPC. Y es que una pensión media española que se sitúa en algo más de los 15.000 euros anuales sufre una retención del 7%, lo que supone el pago de unos 1.068 euros en concepto de impuesto sobre la renta, del que si queda exento sumará un incremento similar a su ‘nómina’ anual.