En términos de daño a la economía familiar el impuesto de sucesiones es un cocodrilo y el ICA es un hámster. En términos de injusticia, también. Ambos impuestos son injustos porque, más allá de que se produzca o no doble o triple imposición –pagar dos veces por el mismo hecho–, que no deja de ser una apreciación jurídica, el impuesto de sucesiones es el impuesto a toda una vida de pagador de impuestos. La primera imposición es impositiva; la segunda, punitiva. En términos de pena medieval. Por eso sorprende que la rápida y bien estructurada respuesta ciudadana contra el ICA no haya encontrado aún reflejo en protestas más severas y eficaces contra el impuesto de sucesiones. Las protestas contra el ICA en Zaragoza han tenido el respaldo de sectores políticos concretos y eficaces en la protesta (la izquierda, fundamentalmente), mientras que la protesta contra el asalto del impuesto de sucesiones está completamente ayuna del necesario empuje político. Tenemos a las clases medias de Aragón en busca de quien lidere la causa.

Sorprende que los distintos grupos que componen la oposición parlamentaria en las Cortes de Aragón, y sus respectivos líderes, no se estén dando codazos por capitalizar el cabreo ciudadano para pedir, cuando menos, el retorno a unos tipos impositivos ‘normales’ o concordantes con los del resto de las comunidades autónomas. Sorprende que Susana Gaspar no le de codazos a Luisma Beamonte, este a Arturo Aliaga y todos ellos entre sí, para movilizar a sus partidos tras la bandera de lo que es justo: un impuesto de sucesiones no confiscatorio, en sintonía con las comunidades autónomas que prosperan, como Madrid. Ciudadanos, por ejemplo, llegó a amenazar por esta cuestión la estabilidad política en Andalucía, y consiguió que Susana Díaz les pegara un tijeretazo importante a los tipos impositivo expoliativos.

Con la mejora de las cuentas aragonesas, gracias al nuevo impulso de la economía, tampoco se entiende la fe con la que el Gobierno de Aragón mantiene intactos los tramos del impuesto y defiende a capa y espada ser el responsable de que los herederos aragoneses sean los que más pagan de toda España. Mucha preocupación con que el futuro nuevo AVE-bazar-del-euroahorro pare en Zaragoza, pero el mayor agravio contra la igualdad de los aragoneses frente al resto de los españoles lo comete el Gobierno de Aragón con este impuesto autonómico. En términos políticos, además, el PSOE atenta contra los intereses de su propio electorado, nutrido principalmente de clase media madura, auténtica paganini de este desaguisado.

Siempre que la sociedad civil aragonesa se ha mostrado eficaz en sus reivindicaciones ha tenido detrás el respaldo de los partidos políticos. Eso en realidad quiere decir que, desgraciadamente, a la sociedad civil en Aragón le faltan aún muchos resortes para su plena emancipación. Un aragonés en el exilio madrileño me decía, desde su acristalada oficina de Castellana, que si a Aragón le quitas la GM y la DGA –o sea, lo público– se queda en nieve. Le hago ver que esa visión tan negativa no es cierta, mientras rumio para mis adentros, mudo como una estatua para no darle más argumentos, que lo de la nieve lo lleva Aramón. Si queremos que Aragón sea atractivo para las empresas, para atraer trabajo e inversiones de fuera, y para que tributen aquí y dejen aquí empleo y riqueza junto con sus impuestos, lo primero que hay que hacer es reducir o aniquilar los abusivos tipos del impuesto de sucesiones.

La lucha por la supresión o al menos la reducción de la carga del impuesto de sucesiones es un balón de oro colgado en el área pequeña en busca de rematador. Alguien de entre todos los grupos políticos debería ponerse ya a rematar sin esperar a campañas electorales. Es un impuesto injusto que sangra a la inmensa mayoría de las economías familiares aragonesas y anula por completo el atractivo de Aragón para otras economías familiares generadoras de riqueza.