Aragón ya puede decir que está entre las primeras comunidades españolas que regulan por ley el diálogo social. El Parlamento autonómico ha respaldado este jueves por la mañana por unanimidad de todos los grupos parlamentarios esta norma, que tiene como principal característica su vocación de permanencia en el tiempo. La consejera de Economía, Marta Gastón, ha mostrado su satisfacción por esta ley elaborada entre el Gobierno aragonés y los agentes sociales. “El diálogo social activo es un gran prescriptor territorial que puede atraer inversiones y consolidar acciones empresariales. Con esta ley se blinda el diálogo social en beneficio de la Comunidad ante posibles riesgos futuros (como que dejaran de aplicarlo sucesivos ejecutivos), ha dicho.

De día histórico para los agentes sociales en Aragón ha hablado el secretario general de Comisiones Obreras, Manuel Pina, quien ha resaltado que la satisfacción es doble al ser aprobada la norma por unanimidad. “Esta ley tiene dos cuestiones fundamentales: define claramente lo que es el diálogo social y crea una Mesa de Diálogo Social, en la que ese diálogo se va a dar a partir de ahora”, ha afirmado. Pina espera que esta Mesa se ponga en marcha cuanto antes y se concreten de forma urgente las materias a tratar para que la norma no quede en “papel mojado”. “Queremos que sirva para aquellos acuerdos a los que hemos llegado en esta legislatura tengan un sitio donde los podamos comentar de manera conjunta y coordinada. Además, desde CC. OO. siempre hemos creído que falta por desarrollar cuestiones sociales, entre ellas la renta básica en Aragón (que permite cubrir a las personas que no tienen ningún otro ingreso), y dar impulso a temas de igualdad”, ha indicado el líder de Comisiones en Aragón.

También UGT ha valorado que la ley sea fruto del consenso entre los agentes sociales y que se haya logrado el acuerdo de todas las fuerzas políticas de la Comunidad. El sindicato ha recordado que el diálogo social lleva funcionando en Aragón desde 1989, año en el que se consiguió el primer acuerdo socioeconómico. “La Ley de Diálogo Social y Participación Institucional en Aragón ha sido una reivindicación histórica de UGT, que siempre ha defendido que esta acción sistemática orientada a la dinamización económica y al interés general debía salvaguardarse y regularse en un marco jurídico propio, al igual que se había ido haciendo en la mayoría de comunidades”, ha apuntado el sindicato en un comunicado. Además, ha mostrado su confianza en que la norma sea un elemento que se mantenga y revitalice la concertación socieconómica, “elemento clave para el progreso de Aragón”.

Por su parte, Cepyme Aragón ha agradecido al Ejecutivo regional y a todos los grupos parlamentarios su apoyo. “La aprobación de esta nueva normativa marca un hito en Aragón, ya que garantiza la estabilidad de la participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales a través de un órgano de encuentro y participación, fuera de las voluntades de cada gobierno”, ha manifestado.

Desde el ámbito político, la diputada del PSOE, Leticia Soria, ha afirmado que en esta legislatura se ha recuperado el diálogo social de una manera “efectiva, real y activa”. Mientras, el diputado del Partido Popular Ricardo Oliván ha hablado de una ley “pequeña pero muy importante, que va a consolidar y reforzar un elemento muy importante de competitividad” como es el diálogo soical.

Por parte del PAR, el diputado Jesús Guerrero ha abogado por pasar de la “escucha activa” a la “participación activa”. A su juicio, de nada sirve una ley si la administración no cumple con su cometido, como es la creación de las condiciones para crear empleo. “Por ejemplo, no poner trabas fiscales a las empresas que lo promueven”, ha señalado.

Desde Ciudadanos, el diputado Javier Martínez ha subrayado que es una ley “mucho más importante de lo que parece” porque pone en valor el trabajo que realizan los agentes sociales. La portavoz parlamentaria de Podemos, Maru Díaz, ha incidido en el carácter “pionero” de la norma, que “esperamos que sea motor para mejorar la calidad en el empleo y los derechos sociales”. Y la diputada de IU-Grupo Mixto, Patricia Luquin, ha destacado que lo más novedoso del texto normativo es la creación y dar naturaleza a la Mesa de Diálogo Social. “No se pueden hacer políticas económicas y de empleo sin tener en cuenta a todos los agentes con la garantía de que esto se hará sin depender de la mayor sensibilidad del gobierno de turno”, ha explicado.