El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes una norma que garantiza el derecho universal de acceso a una cuenta bancaria básica, que debe proporcionar una serie de servicios como la domiciliación de recibos, una tarjeta de débito o transferencias.

Para todas las cuentas, la norma, que transpone con un retraso de un año una directiva europea, facilita a cualquier residente en España el conocimiento de las comisiones que paga ya que el banco deberá entregar "con suficiente antelación" al nuevo usuario un informe sobre las comisiones y lo actualizará anualmente.

Además, se facilitará la comparación, a través de la web del Banco de España, del recargo que aplica cada entidad para mejorar la transparencia, al tiempo que se agiliza el cambio a otro competidor por parte del usuario en un periodo máximo de 13 días.

Aunque esta cuenta bancaria puede llegar a ser gratuita, el Ministerio de Economía se encargará de fijar una comisión máxima, "razonable", según han explicado fuentes del departamento que dirige Luis de Guindos.

Las entidades solo podrán denegar el acceso a las cuentas de pago básicas en casos "muy tasados", por ejemplo, por el riesgo de blanqueo o financiación del terrorismo, aunque también si el cliente ya es titular de una cuenta que permite los mismos servicios.

La norma española va más allá de la directiva europea al permitir a los consumidores la cancelación de cuentas en 24 horas.

Al margen de este real decreto ley, la reunión de ministros de hoy ha servido para dar luz verde a otra norma que obliga a las sociedades anónimas cotizadas a informar de la política de diversidad aplicada en la elección de su consejo de administración.

También exigirá que las grandes empresas, aquellas con más de 500 empleados, informen de aspectos sociales, medioambientales o de respeto a los derechos humanos, entre otros, en el informe de gestión que acompaña a las cuentas anuales.

La información hará referencia a las medidas adoptadas para promover la igualdad de género, condiciones de trabajo, el diálogo social, el respeto de los derechos sindicales, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección con las comunidades locales.

En lo que atañe a cuestiones medioambientales, las empresas tendrán que aportar información detallada sobre los efectos actuales y previsibles de sus actividades en el medio ambiente, salud y seguridad, uso de la energía, emisiones de gases de efecto invernadero, consumo del agua y contaminación atmosférica.

En materia de derechos humanos, el estado de información no financiera debería incluir información sobre los impactos potenciales y reales de la actividad de la empresa al respecto, así como las disposiciones aplicadas para impedir los abusos y medidas para mitigarlos, gestionarlos y repararlos.

En relación con la lucha contra la corrupción y el soborno, las empresas deberán incluir información sobre los procedimientos y recursos de control interno dedicados a prevenir estas conductas.

Todas estas exigencias se aplican a las empresas con más de 500 empleados con un activo superior a 20 millones o una cifra anual de negocios superior a los 40 millones.