Olona propone una PAC que deja sin ayudas a 7.635 perceptores “poco profesionales y nada productivos”

El consejero de Desarrollo Rural presenta una reforma que redistribuye las ayudas para igualar las rentas mínimas de los agricultores y ganaderos.

El conejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona, y el director general de Producción Agraria, José María Salamero, ayer en Madrid.
El conejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona, y el director general de Producción Agraria, José María Salamero, ayer en Madrid.
DGA

La propuesta de reforma de la PAC que defiende el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, sacaría del sistema al 21% de los perceptores actuales, o lo que es lo mismo, 7.365 beneficiarios dejarían de cobrar ayudas directas de la Política Agraria Comunitaria a las que actualmente tienen acceso un total de 35.471 agricultores y ganaderos en la Comunidad. Se trata, eso sí, de perceptores “nada profesionales, con una productividad prácticamente nula, cuyas explotaciones apenas tienen dimensión económica y cuya actividad no tiene ninguna contribución medioambiental”.

Lo explicó este miércoles el titular del Departamento, que eligió la Casa de Aragón en Madrid para la presentación de una propuesta que tiene como objetivo lograr una redistribución más justa de las ayudas y cumplir una de las promesas no satisfechas por la PAC desde hace 50 años: “incrementar la renta individual de los que trabajan en la agricultura”, insistió Olona. Y para detallarla, el consejero puso sobre la mesa un algoritmo, cuajado de número y letras aparentemente poco descifrable, que, sin embargo, se simplifica al conjugar la profesionalidad del perceptor -entendida como el volumen de sus ingresos agrarios en relación con sus ingresos totales-, la productividad, la dimensión económica de la explotación y un factor incorporado recientemente en la propuesta que mide el grado de contribución medioambiental o social. “Teniendo estos conceptos un valor entre cero y uno, cuando más se acerquen a cero más desciende la compensación hasta incluso desaparecer”, detalló el consejero, que insistió en que su propuesta no trata de igualar las ayudas, sino la renta mínima de los perceptores, que en este caso y para dichos cálculos se ha tomado como referencia la publicada por el Ministerio de Agricultura que la sitúa en 28.000 euros, aunque la consejería considera que esta cifra tendría que ser establecida en el marco del convenio consensuado por el sector.

De análisis “contrastado y con datos reales” realizado en esta propuesta se desprende que el 78% de los perceptores aragoneses seguiría cobrando las ayudas directas de la PAC. De ellos, el 46% cobraría más que lo que ahora ingresa, mientras que el 55% vería reducida su asignación. No tendría derecho a la subvención el 21% de los beneficiarios actuales, “pero en este caso estamos hablando de un perfil con una profesionalidad, una productividad y una dimensión económica que roza el cero”, reiteró Olona.

El modelo, que no tenía ninguna pretensión de establecer lo que se conoce en Europa como ‘caping’ -techo máximo de subvención-, da como resultado que la ayuda máxima no superará los 148.000 euros, inferior a los entre 150.000 y los 800.000 euros que llegan a cobrar 86 perceptores aragoneses. Y reduce la brecha que actualmente existe entre territorios, en los que además se da la paradoja de que reciben más ayudas aquellas zonas en las que las rentas de los agricultores son más elevadas, y viceversa. La propuesta aragonesa, que dice adiós a los pagos por superficie o cabeza de ganado, a los derechos históricos y a la regionalización, supone además una simplificación, porque la complejidad del modelo actual “no está en cuántos papeles se mueven de un sitio a otro, sino en abandonar el concepto sectorial de las ayudas que suponen un auténtico embrollo”, aseguró el consejero.

Olona reconoció que, de momento, no ha conseguido un apoyo explícito del resto de Comunidades Autónomas, porque, destacó, "hay mucha resistencia al cambio y todo el mundo prefiere no tocar nada para mantener el statu quo”. Pero insistió  en que su pretensión principal es abrir el debate, que la propuesta se conozca y se analice tanto en Madrid como en Bruselas, más ahora precisamente que la Comisión Europea comienza a elaborar documentos y propuestas con las que reformar la Política Agraria Común más allá de 2020.

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