Las eléctricas tendrán que pedir el IRPF a los ciudadanos que soliciten el nuevo bono social

La puesta en marcha del nuevo bono social de la luz del que se podrán beneficiar las familias vulnerables se ha encontrado con una obligación sobre la que las compañías del sector han mostrado sus discrepancias: la posibilidad de que sean las propias eléctricas las que soliciten, comprueben y custodien la información que les faciliten los solicitantes para validar que cumplen los requisitos para acceder a esa ayuda, incluido el relativo a su renta.

En las alegaciones al proyecto de orden ministerial que han presentado las grandes corporaciones integradas en Unesa, y a cuyo texto ha tenido acceso este diario, reclaman al Ejecutivo un cambio de la norma porque tener que realizar esas comprobaciones "resulta tremendamente complejo y prácticamente inviable" además de lo relativo a los costes asociados. Consideran que supondría "una intervención excesiva" en el proceso, que además puede "redundar en reclamaciones" de los clientes y, por tanto, "en problemas de reputación" para ellas.

La propuesta de Energía pasa por poner en marcha una aplicación que permita a las comercializadoras de referencia –Iberdrola, Endesa y Gas Natural, entre otras– asegurarse de que los solicitantes pueden percibir el bono. Sin embargo, el texto admite que "hasta que pueda utilizarse esa aplicación", que no tiene por qué estar en marcha en el momento en que se active la nueva ayuda, serían las eléctricas las que certifiquen los requisitos "con la comprobación de la declaración" física de la Renta (IRPF) u otros certificados.

Las compañías estiman que "se estaría vulnerando la privacidad y protección de datos" de los consumidores. Y consideran que esa función no debe recaer en ellas sino que "debe estar a cargo de la administración competente". Por ello, proponen la creación de un registro único para centralizar esos datos. Sin embargo, desde el Ministerio de Energía aclaran que la posibilidad de que las firmas pidan esa información no supone ningún quebranto de la ley, al contar con un informe previo favorable de Protección de Datos.

Medio año con dos modelos

El sistema está ideado para que la central de datos funcione desde el primer día, pero en el departamento dirigido por Álvaro Nadal admiten que puede haber "fallos" en el lanzamiento de la aplicación, por ejemplo, por una demanda masiva de solicitudes de las familias. El proceso por el que los documentos acreditativos se tramiten físicamente y no telemáticamente sería "solo temporal y como opción de respaldo" para todo el proceso.

En pocas semanas, el bono social estará listo, indican fuentes ministeriales, para que cuando comiencen la inclemencias meteorológicas se encuentre disponible. Durante seis meses convivirán los antiguos perceptores del mismo –2,4 millones de clientes– junto a quienes lo soliciten por primera vez.

Sin embargo, desde Unesa se muestran contrarios a seguir gestionando ambos perfiles en cuanto a términos de comprobación y verificación se refiere.

La nueva ayuda –un descuento del 25% en el consumo– fija en 18.637 euros al año los ingresos máximos para beneficiarse de la misma en hogares con dos hijos; 14.910 euros para los de uno; y 11.182 euros para las que no tengan descendientes.

La rebaja puede alcanzar el 40% si los ingresos se sitúan en los 9.318, los 7.455 y los 5.591 euros, respectivamente. Además, las familias numerosas, los pensionistas con prestaciones mínimas y los hogares en riesgo de exclusión social también podrán acceder al bono.