Las pensiones solo podrán revalorizarse anualmente el mínimo legal establecido del 0,25% al menos hasta 2022. Así lo estima la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en el estudio que ayer publicó para emitir su opinión sobre la determinación del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) para 2017, tal y como está establecido por ley.

Tras hacer un exhaustivo análisis, el organismo independiente exigido por la UE para velar por las cuentas públicas avala la decisión del Gobierno de aplicar a las pensiones el incremento mínimo del 0,25% para este ejercicio 2017, según recogen los Presupuestos Generales del Estado (PGE). "Dada la evolución esperada de ingresos y gastos del sistema de pensiones en el medio plazo, el método aplicado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social se considera adecuado para estimar el IRP con topes aplicables en 2017", explica en su informe.

Pero va más allá y augura que tras la reforma de 2013, que estableció un nuevo cálculo para el incremento de estas prestaciones contributivas en el que las desvinculaba del IPC, este mínimo del 0,25% se mantendrá al menos hasta 2022, que es el año hasta donde pueden calcular. "Tanto bajo los supuestos utilizados por el Ministerio como por la Airef, el IRP no supera el 0,25% durante los años del periodo 2018-2022 y, por tanto, se mantiene como el mínimo legal en el medio plazo en ausencia de medidas", afirma el organismo.

Y es más, la Airef considera que si se aplicara estrictamente la fórmula del índice de revalorización (es decir, si no existiera ese mínimo legal de incrementarlas anualmente un 0,25%) las pensiones deberían haberse reducido un 2,92%, una cifra muy similar a la estimada por el Ministerio (-2,96%). Por tanto, la pensión media disminuiría de los 920 euros mensuales a los 892 euros. Esto sería así con las proyecciones de ingresos y gastos del organismo y aplicando una fórmula algo distinta a la del Ministerio, pero si se utilizara la misma metodología, la bajada de las pensiones llegaría al 3,5%. Las diferencias radican en las distintas proyecciones de ingresos y gastos que sirven de base para estos cálculos en aras de mantener la sostenibilidad del sistema de pensiones, según explicaron fuentes del organismo. La pérdida superaría el 10% de aquí a 2022 si no se aplicara ese suelo.

De cualquier forma, esto ahora no es relevante puesto que la normativa de 2013 aprobada por el Gobierno del PP establece que las pensiones deben crecer cada año al menos un 0,25%, y así ha sido en estos últimos cuatro ejercicios. Pese a esto, fuentes de la Airef mantienen que los mayores seguirán perdiendo poder adquisitivo por la evolución de los precios y auguran que en 2022 tendrán un 7% menos de capacidad de compra. De hecho, con la inflación de junio confirmada ayer, que se sitúa en el 1,5%, los pensionistas ya habrán perdido un 1,25% de capacidad de compra en lo que va de año.

Excesivo optimismo

En lo que discrepa ligeramente la Airef con el Gobierno es en sus previsiones de ingresos y gastos del sistema de la Seguridad Social. Así, el Ministerio estima que en el periodo 2017-2022 los ingresos asciendan a 131.532 millones de euros y el organismo lo reduce en 2.737 millones, es decir, hay una diferencia de dos décimas de PIB. Esto hará que la previsión de déficit de la Airef para 2017 se sitúe en el 1,7% del PIB, tres décimas más que lo previsto en los PGE, y del 1,6% para 2018, tres décimas más que la fijada por el Ejecutivo. En esta línea, el Gobierno considera que en este periodo los gastos ascenderán a 145.616 millones, mientras que la Airef los eleva en 1.066 millones más, una diferencia de una décima del producto interior bruto.

El Ministerio de Empleo quiso dejar claro ayer, tras conocer el informe de la Airef, que "no es cierto" que las pensiones vayan a crecer un 0,25% obligatoriamente en los próximos años. Fuentes de la cartera que dirige Fátima Bäñez señalaron que estas estimaciones "son un ejercicio teórico basado en condiciones estáticas", es decir, se basan en un sistema que no cambiará en los próximos años, mientras que el sistema actual se caracteriza por su "actualización constante". "Es el Pacto de Toledo, como representación de la sociedad española en su conjunto, quien determina por consenso cómo mejorar la estructura de ingresos y gastos para asegurar la sostenibilidad del sistema y mejorar el conjunto de las pensiones. Es el pacto de Toledo quien señala el camino, y no el Gobierno", reiteraron.

Por otra parte, los sindicatos criticaron ayer el crédito de más de 10.000 millones a la Seguridad Social para pagar las pensiones y que no se haga mediante una aportación directa del Estado.