Más de 500 transportistas aragoneses preparan reclamaciones por el cártel de camiones

Los expertos aconsejan "prudencia" ante un proceso que será largo y complejo para pedir en los tribunales el sobreprecio de vehículos comprados entre 1997 y 2011.

Una fila de tráileres, en la frontera de Junquera en el año 2000.
Más de 500 transportistas aragoneses preparan reclamaciones por el cártel de camiones
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Los transportistas aragoneses afectados por el cártel de fabricantes de camiones sancionado por la Comisión Europea han empezado a movilizarse para reclamar el sobreprecio que pagaron por los vehículos adquiridos entre 1997 y 2011. Un proceso que se augura largo y complejo y ante el que desde el sector se aconseja prudencia.

Más de 500 transportistas aragoneses están adheridos a la denominada ‘Plataforma de afectados por el cártel de camiones’ para pedir una compensación a las marcas MAN, Daimler, Iveco, Volvo/Renault y DAF a las que la Comisión Europea ha multado con casi 3.000 millones de euros por acordar precios. Scania sería la sexta acusada, pero sigue un proceso independiente al no haber confesado su participación en el cártel. Los afectados tendrán que esperar a que haya una resolución.

La citada plataforma se creó nada más conocerse la sanción, hace ahora casi un año, el 19 de julio de 2016, fecha que es considerada por algunos de los expertos consultados como el inicio del plazo de un año para comenzar el proceso quienes se decidan a reclamar, aunque no hay consenso y con los cambios normativos posteriores otros consideran que cabría un periodo mayor.

Desde la agrupación creen que el plazo de un año empezó a contar el pasado 6 de abril de 2017, "cuando la Comisión hizo públicos los detalles de las marcas y cómo se produjo el historial del cártel". Pese a ello, acaban de preparar un primer paquete de 5.000 reclamaciones individuales de toda España y siguen recogiendo documentación de afectados, explica Emilio Domínguez, abogado y coordinador de la plataforma. Aconseja presentar "una solicitud de interrupción de la prescripción a las marcas y un requerimiento extrajudicial por si hubiera una solución fuera de los tribunales".

Atendiendo al "criterio de prudencia", desde el despacho Garrigues en Zaragoza toman como referencia el citado 19 de julio de 2016. Pablo Saura, asociado senior del departamento de Litigación y Arbitraje, recomienda a los afectados que antes del 19 de este mes envíen al fabricante un documento, por ejemplo, un burofax, que sirva para interrumpir el plazo de prescripción. Después, pueden reclamar aplicando también la directiva europea de 2014 que España traspuso con retraso en mayo. Esta regula las acciones de daños por infracciones del derecho de la competencia. Aunque en ella se fija un plazo de 5 años para este tipo de reclamaciones, aconseja que se parta del año que da la legislación española, vigente cuando se anunció la sanción.

Desde el despacho Jiménez Asensio, Yus & Moreno explican que la directiva "ha establecido algunas bases que facilitan las eventuales reclamaciones contra los fabricantes". Los abogados Juan Jiménez y Pablo Figueroa, este último profesor de derecho de Cárteles en la Queen Mary University de Londres, destacan la responsabilidad "solidaria" de todas las marcas y la presunción salvo prueba en contrario de "que las infracciones calificadas como cártel causan daños y perjuicios".

"Los fabricantes tendrán que acreditar que no ha habido perjuicio", añade Saura.

Jiménez y Figueroa piden "prudencia" debido a la "novedad de la regulación y a la falta de pronunciamientos judiciales que la interpreten". Advierten que los fabricantes pueden argumentar en su defensa "que el demandante haya repercutido la totalidad o una parte del sobrecoste" en sus clientes en este tiempo. Pero si se acreditara que se sufrieron daños y "resultara prácticamente imposible o excesivamente difícil cuantificarlos con precisión" los tribunales pueden "estimar el importe de la reclamación de los daños", añaden.

Todos destacan que uno de los aspectos más complejos será documentar el sobrecoste del precio del camión y de ahí la importancia del informe económico pericial que debe presentarse de cada vehículo. Tendrá que recoger los 14 años de análisis de la contabilidad de la compañía durante los que operó el cártel, explica Saura.

La patronal Fenadismer ha pedido analizar "con cautela" el método con el que se acrediten los daños para "evitar posibles consecuencias económicas perjudiciales", como la condena en costas si se desestima la demanda.

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