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Economía

Rafael Catalá anuncia en Zaragoza un incremento del 7,8% en el presupuesto para Justicia

Una nueva regulación hipotecaria, la reforma del código de comercio y de la ley concursal son otros de los compromisos que ha adelantado en el Patio de lnfanta

Rafael Catalá este martes en Zaragoza
Rafael Catalá este martes en Zaragoza
Aránzazu Navarro

Invitado por el Colegio de Economistas de Aragón, CEOE e Ibercaja, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha reconocido en Zaragoza que hay mejorar los plazos de un sistema al que la sociedad española le reprocha sobre todo su lentitud y anunció el mayor incremento para su departamento, del 7,8%, en los Presupuestos Generales del Estado que finalmente se aprobarán la semana próxima.

Su intervención en la jornada ‘Justicia y economía en España. Reflexiones sobre la justicia como variable clave para el crecimiento económico’ celebrada en el Patio de la Infanta de Ibercaja le permitió al ministro avanzar algunas de las acciones prioritarias que piensa llevar a cabo como el proyecto de ley de una nueva regulación hipotecaria que incorpore algunas de las sentencias últimas de la Unión Europa y que fortalezca la confianza del consumidor corrigiendo algunas de las disfunciones que se han producido por cláusulas abusivas.

Asimismo,Rafael Catalá anunció la reforma del código de comercio para adaptarlo a la nueva realidad de la venta ‘on line’, así como la nueva vuelta de tuerca que piensa darle a la ley concursal cuyos buenos propósitos de mantener las empresas se llevo por delante la crisis demostrándose “un texto ineficaz” que conviene reformular, dijo.

Antes de pronunciar estas palabras, fuera de la entidad financiera aragonesa, el ministro se detuvo unos momentos para hablar con la plataforma de afectados por la ley de sucesiones y escuchar sus quejas porque en cada comunidad tenga un tratamiento distinto y los ciudadanos aragoneses se vean más perjudicados y gravados que los de otras regiones. Y se comprometió a trasladar esta misma tarde al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, su reivindicación de igual trato.

De hecho, el titular de Justicia se refirió a la “disfuncionalidad” que supone contar con 7 herramientas distintas para el ordenamiento jurídico en este país, las 7 de las autonomías y una del propio ministerio. En este sentido, destacó la importancia de la seguridad jurídica para el desarrollo de un país y la necesidad de hacer una mejor legislación teniendo en cuenta el impacto social y económico que genera. “Es fundamental que trabajemos juntos” con el Colegio de Economistas para disponer  un marco normativo más garantista y adecuado a un contexto económico cambiante.

"Tenemos en 2017 una España muy distinta a la que conocimos o sufrimos hace cuatro años y eso tiene mucho que ver con las reformas estructurales que se han acometido desde 2012 en lo laboral, en lo financiero, en la energía y en la unidad de mercado y que nos han pemitido estar creciendo por encima del 3% y estar creando 600.000 empleos, que son la mitad de los que se generan en la Unión Europea, y que han convertido a España, dijo el ministro, “en el ejemplo del camino a seguir por otros países del sur de Europa”.

A las críticas expresadas por el presidente de CEOE Aragón, Fernando Callizo, sobre la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la licencia única de la empresa para ejercer su actividad en las distintas comunidades, Rafael Catalá respondió que aún deja algo de margen de actuación al Estado al incorporar una nueva figura de “estándares mínimos comunes”.

Por último, aseguró compartir las conclusiones del estudio realizado por el Colegio de Economistas, en el sentido de que por cada nueva ley que se haga, se derogue una antigua, para no caer en una marabunta normativa, así como en la necesidad de seguir trabajando por la “calidad y eficacia del ordenamiento jurídico”. “Tenemos que hacer buenas leyes”, les dijo, y “que no sean efímeras”, así como en la prioridad de “dotar de más recursos la administración de Justicia", inversiones, qe se comprometió, "no van a ir a parar al gasto corriente sino a inversiones en sedes judiciales y a innovación en sistemas de gestión que incorporen las nuevas tecnologías” haciendo posible una mayor agilidad  que mejore la confianza de la sociedad española en el sistema.

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