El Gobierno respalda a Montoro mientras se prepara su reprobación en el Congreso
El Ejecutivo se escuda en la urgencia económica de 2012 para justificar la amnistía fiscal, pese a que el Tribunal Constitucional refutó ese mismo argumento.
El Gobierno trató ayer de levantar una doble línea de defensa tras el enorme golpe moral y de imagen que supuso la contundente sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la amnistía fiscal de 2012 (aunque no revirtió sus efectos por "seguridad jurídica"). Por un lado, el Ejecutivo respaldó al eslabón más débil, es decir, al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, centro de las críticas de toda la oposición y cerca de ser la próxima víctima de una reprobación en el Congreso que ayer ya presentó el PSOE. Por otra parte, justificó la amnistía como una medida "excepcional" ante una situación "excepcional" en la que España estaba en riesgo de caer en el rescate.
"Montoro ha hecho un gran trabajo en los Presupuestos y cuenta con todo el apoyo del Gobierno", señaló el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo tras el Consejo de Ministros. Un respaldo que fue más allá al destacar que el titular de Hacienda fue uno de los responsables hace cinco años de sacar a España de una situación "calamitosa". Precisamente, las dificultades económicas en 2012 fueron esgrimidas en reiteradas ocasiones por Méndez de Vigo para defender la amnistía. Así, no ahorró detalles al recordar el déficit de 93.000 millones, las facturas en los cajones sin pagar, la prima de riesgo en 500 puntos o la nacionalización de parte del sistema bancario. "Estábamos con el agua al cuello", llegó a afirmar para justificar la urgencia de aprobar la amnistía mediante un decreto ley que el Constitucional consideró un "defecto de forma". Sin embargo, el portavoz del Ejecutivo insistió en la idea de que la debilidad que se vivía entonces "no admitía una tramitación que durara seis meses" como habría requerido un proyecto de ley.
Además, Méndez de Vigo resaltó que la amnistía permitió que afloraran 40.000 millones y que 30.000 personas "tributen ahora en España". Sin embargo, omitió el fiasco que supuso para las arcas públicas una regularización que apenas generó 1.200 millones de ingresos, la mitad de lo previsto. En cualquier caso, Méndez de Vigo emplazó a escuchar las explicaciones que Montoro dará en su comparecencia en el Congreso.
El portavoz del PP en la Cámara baja, Rafael Hernando, marcó algo más de distancias y delegó en el ministro "el alcance" de la sentencia. Sin embargo, admitió que la forma de tramitar la amnistía no fue la correcta. "Evidentemente no lo hicimos bien", reconoció. E incluso apuntó que la tributación aplicada en la regularización (un 10% que al final se quedó en un 3%) "podría haber sido más alto", aunque insistió en que el margen de maniobra era escaso por el "déficit brutal".
Reproches en la sentencia
Sin embargo, los argumentos esgrimidos por el Gobierno ya fueron refutados por el Constitucional. De hecho, el fallo aclara que la necesidad de cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria deben estar "dentro de los límites y con respeto a las exigencias que la Constitución impone". En este caso, considera que la alteración "sustancial" mediante un mero decreto ley de un derecho fundamental como es "la obligación de todos al sostenimiento del gasto público" vulneró la Carta Magna. Asimismo, la sentencia también rechaza "las experiencias de otros países" sobre procesos de regularización para justificar la amnistía.
A quien tampoco convencieron los argumentos del Gobierno fue a la oposición, que este ayer redobló la presión sobre Montoro. Así, el portavoz del PSOE en el Congreso, José Luis Ábalos, presentó una proposición no de ley con la reprobación del titular de Hacienda. En concreto, el escrito justifica la medida al acusar al ministro de "haber beneficiado a los defraudadores" con la amnistía "vulnerando los principios constitucionales, mientras se incrementaba de forma notable la carga impositiva a los contribuyentes que cumplen sus obligaciones".
El PSOE argumenta que la amnistía no solo dificultaba la lucha contra el fraude fiscal, sino que "obstaculizaba la lucha contra la corrupción". La intención de los socialistas es que la cuestión pueda votarse a finales de junio.
