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Economía
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Marcha de jubilados del 10 al 29 de junio en defensa de las pensiones

Asi lo ha anunciado en Zaragoza el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Las marchas saldrán de Zaragoza, Oviedo y Córdoba para terminar en Madrid

Revalorizar las pensiones de acuerdo al IPC y que no sigan perdiendo poder adquisitivo, así como la derogación de la reforma de 2013 implantada por Rajoy y reabrir un proceso de negociación sobre el futuro de las pensiones en el marco del Pacto de Toledo son los objetivos de la marcha de jubilados, convocada por UGT, y que desembocará en una concentración en Madrid.

La marcha de pensionistas, que partirá de Zaragoza, Oviedo y Córdoba el próximo 10 de junio para terminar a final de mes en la capital de España, fue anunciada ayer por el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que tras visitar el lunes la comarca de Andorra para mostrar su apoyo a los trabajadores de la central térmica amenazada por el cierre, protagonizó ayer una asamblea de afiliados en Zaragoza. Con el lema ‘¡A la ofensiva!, el sindicalista les recordó que la resistencia ante la crisis ha quedado atrás y ahora lo que toca es volver a la acción. “Si alguien cree que por no hablar, nos vamos a olvidar del atraco a los trabajadores que supuso la reforma laboral,está muy equivocado. Aquellos que no pueden trabajar más que 4 horas y cuyos sueldos de 450 a 600 euros no les permiten vivir son consecuencia de la reforma laboral y no vamos a dejar de pedir que se derogue”.

Preguntado por si la elección de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE, puede ayudar a la UGT a conseguir más apoyos parlamentarios para revertir esta y otras reformas, lo consideró un proceso "altamente positivo" no porque Sánchez haya sido elegido secretario general, que es "muy respetable", dijo sino porque el Partido Socialista "tiene que dejar de mirarse hacia dentro y empezar a mirar hacia los ciudadanos". A su juicio, la izquierda, diversa y plural, tiene que "entenderse" y "remar" con las organizaciones sindicales y con la sociedad para poder empezar a recuperar algunos de los derechos perdidos, añadió.

Pepe Álvarez aprovechó su visita a la central térmica de Andorra, y hace unos días, a las minas del Bierzo en León, para reivindicar al Gobierno un “acuerdo estratégico por la energía”. “Hablamos muchas veces de lo importante que es recuperar el poder adquisitivo de los salarios, pero es que el peso que supone la energía para muchas empresas es incluso superior. De ahí que, para garantizar el abastecimiento España no pueda perder esta fuente de energía que es el carbón. Incluso Alemania tiene un plan para recuperarlo. He tenido una primera reunión con el ministro”, dijo el líder de UGT, en la que le ha planteado la necesidad de “mantener estas explotaciones abiertas” y “el mismo énfasis que pongo en el carbón, lo pongo en las energías limpias como el sol o el viento porque parece mentira que siendo el país con más recursos hasta los nórdicos los estén aprovechando mucho más”.

Por otra parte, el máximo responsable de la Unión General de Trabajadores no descartó llegar pronto a un Acuerdo de Negociación Colectiva (ANC) con la patronal . “Llegar a dicho pacto o no”, dijo, “depende de la CEOE porque no vamos a entrar en más políticas de regateo: no va a haber acuerdo si no aceptan que los salarios suban de acuerdo a la previsión de la inflación dada por el Gobierno”. Además, advirtió, “si las empresas no empiezan a repartir beneficios, van a tener por delante un calvario de movilizaciones y de huelgas”.

En la asamblea con los afiliados de Aragón, Daniel Alastuey recordó el bloqueo que sufren muchos convenios como el de la hostelería y aseguró que “necesitaríamos el impulso del confederal para la patronal quitase el freno de mano y se convenciera de una vez por todas de que es inevitable subir los salarios y mejorar la negociación colectiva”.

Además, en la cita de UGT en las instalaciones del World Trade Center de Zaragoza, no faltó uno de los sindicalistas, Ruben Sanz, de esta central, que ha sido encausado por ejercer el derecho a la huelga y que será juzgado el próximo 21 de junio. “Me piden 7 años de cárcel y 7.500 euros de multa, 3 años por un delito contra la autoridad y otros 3 años y tres meses por un delito contra los derechos de los trabajadores. Y eso es lo que más me duele”, manifestó, entre fuertes aplausos de los afiliados, porque “siempre he hecho precisamente lo contrario”.

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