La dirección y los representantes de los trabajadores de Ibercaja celebraron el miércoles una nueva reunión en la que la entidad expuso el informe económico elaborado por la consultora Equipo Económico y presentó su propuesta con las condiciones del expediente de regulación de empleo para 686 empleados y el cierre de 160 oficinas, el 13% de la plantilla y la red, entre este año y el que viene. A la salida, UGT, CC. OO., Csica, Asociación de Cuadros (ACI), Asipa y CGT coincidieron en que el ajuste no está justificado y las condiciones económicas planteadas son "peores" que en el último ajuste en 2015.

Entre las novedades, la propuesta inicial del banco incluye una rebaja del 20% de las salidas planteadas, que pasarían de 686 a 549, siempre que se cubra el 80% con voluntarios. En caso de no llegar a este porcentaje, los despidos forzosos se aplicarán "únicamente hasta alcanzar dicho porcentaje del 80%".

En Aragón el ajuste inicial –sin la rebaja– está previsto para 210 trabajadores, con el cierre de 55 oficinas, del total de 5.500 empleados y 1.250 sucursales.

Desde la entidad destacaron que "el grado de voluntariedad va a seguir primando" y explicaron que la propuesta presentada  está "en línea con el inicio de las negociaciones anteriores y los acuerdos cerrados por otras entidades".

Desde CC. OO. consideraron la rebaja un "intento por favorecer la voluntariedad" pero insistieron en que "no se justifica ni un solo despido" con la documentación presentada. Su portavoz, Miguel Ángel Villalba, que pensaba ya en movilizaciones, temió que con la movilidad geográfica derivada del ERE "se puede llegar al millar de afectados", incluyendo los despidos de quienes no acepten un traslado. En este cálculo coincidió Victoria Camarena de UGT, que señaló que "con la información que se nos ha dado no se justifica el ERE", ya que "hasta ahora la empresa ha ido trasladando a la sociedad que su situación era buena".

Piden retirar el expediente

"El problema es que es un ERE traumático", aseguró, y abogó por pedir su "retirada", uno de los extremos que se debatirá el día 25 en la cita de la semana que viene de todas las secciones sindicales, previa a otra reunión con la dirección. "El informe no acredita la necesidad del ERE", insistió Chema Barrachina, desde CGT, que consideró que incluye "datos parciales".

Por su parte, Csica destacó que las condiciones están "por debajo" de las de ERE anteriores, pero entendió que se trata de "condiciones de base" desde las que empezar a negociar. "Ya nos encargaremos de que no sean así", explicó, con la vista puesta en el proceso que está previsto termine el 9 de mayo.

Desde ACI coincidieron en que el ERE "no es asumible", aunque destacaron que apoyan a la voluntariedad de las salidas. Consideraron que hay margen para negociar y defendieron "que se incluyan más prejubilaciones", rebajando la edad mínima para conseguir más voluntarios. En el documento se fija en 58 años o más.

"No se justifica en este momento que existan causas económicas, organizativas y productivas", añadió Fernando Sarrato desde Asipa. Consideró que el informe económico es "sesgado, interesado y solo encaminado a justificar el ERE". Pese a ello, también entendió que la propuesta es "de máximos" y esperó "que durante el proceso de negociación se mejoren las condiciones".

Las críticas llegaron desde Extremadura, la región que sufre el mayor porcentaje del ajuste, un 37%, donde los sindicatos comenzaron a reunirse con los partidos políticos, como está previsto que hagan en Aragón. El PP extremeño consideró "totalmente injusto y desproporcionado" el recorte para la plantilla de la antigua Caja Badajoz (absorbida con Caja3). El ERE incluye 160 cierres, además de los Aragón, son 32 en Extremadura, 30 en La Rioja y Guadalajara, 16 en el arco mediterráneo, 15 en Castilla y León y 12 en Madrid.