La decisión sobre el sueldo de 120.000 € a Garamendi crea rechazo en CEOE Aragón

La decisión del comité ejecutivo de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) de conceder un sueldo anual a su presidente, Antonio Garamendi, de 120.000 euros, aprobada el pasado 15 de marzo, tiene revolucionadas a las patronales. Presidentes de organizaciones regionales han expresado su descontento con la decisión al propio Garamendi y al presidente de la CEOE, Juan Rosell, por considerar que los cargos de representación no deben ser remunerados y que con una decisión como esta –y un salario tan elevado, precisan– se traslada un mensaje muy negativo a la sociedad.

Entre las organizaciones que han alzado la voz de protesta está CEOE Aragón, cuyo presidente, Fernando Callizo, ha hablado personalmente con Garamendi para exponer su descontento, expresado también por escrito. "Es una cuestión de principios. Entendemos que ningún cargo electo debe cobrar un sueldo, para eso están los directores generales o gerentes de las organizaciones", explicó ayer Callizo. "Una cosa es que se pague el AVE, el hotel o una comida, y para ello se pasan justificantes, pero el puesto no debe estar retribuido ni incluir los a veces mal llamados ‘gastos de representación’", agregó. "Decisiones como la de Cepyme sobre Garamendi, y con ese salario, nos perjudican; en este momento hay que ser más consecuentes que nunca", apuntó.

En la carta enviada al presidente de Cepyme, Callizo recuerda asimismo que "las organizaciones y empresas aragonesas hacen un gran esfuerzo para realizar su aportación a las vocalías de CEOE, de cuya necesidad estamos firmemente convencidos". Y añade: "Ni CEOE Aragón ni sus organizaciones provinciales remuneran a sus presidentes, por más que sus estatutos permiten dicha actuación".

Aprobado en asamblea

Cepyme aprobó hace cerca de dos años, según recordó Aurelio López de Hita, presidente de la organización de la pequeña y mediana empresa en Aragón, incluir en sus estatutos de modo expreso la posibilidad de que el cargo de presidente fuese remunerado. "Lo hicimos para despejar cualquier duda sobre el tema después de lo ocurrido con el anterior presidente, Jesús Terciado, cuya actuación fue llevada a los tribunales", señaló. López de Hita se refería a la acusación al antecesor de Garamendi de los cobros de sus empresas a la patronal con facturas falsas, actuación por la que está procesado con una petición del fiscal de cuatro años de cárcel.

En esta ocasión, indicó el presidente de Cepyme Aragón, uno de los vicepresidentes de la Cepyme nacional, "el procedimiento ha sido legal, ya que cumple con lo recogido en los estatutos". López de Hita no entró a valorar el monto económico del salario aprobado, que según explicó fue expuesto al comité ejecutivo por la comisión de Economía de Cepyme, pero ya en otras ocasiones ha dicho que trabajar para la organización en un cargo no debe generar costes a quien lo ejerce.

Donde el caso de Garamendi –que ya compitió con Rosell por la presidencia de la CEOE en 2014 y podría hacerlo en otras elecciones– ha generado gran descontento es en la patronal catalana, Foment del Traball. Su presidente, Joaquim Gay de Montellá, que no cobra por el cargo, ha comunicado a Juan Rosell que, si no hay marcha atrás en el sueldo del presidente de Cepyme, Foment propondrá a la próxima junta reducir su participación (y por tanto, su aportación económica) en 12 escaños. Fernando Callizo ha escrito a Gay de Montellá para decirle que coincide con él en el rechazo al sueldo de Garamendi y que así se lo trasladó al día siguiente de saberlo al comité ejecutivo y a la junta directiva de CEOE Aragón.