La banca española se juega 4.500 millones con el dictamen de Luxemburgo sobre cláusulas suelo

Por si fueran pocos los problemas que acechan al sector bancario –bajos tipos de interés, regulación, fusiones para recortar gastos–, las entidades se enfrentan pasado mañana a uno de los mayores retos de los últimos años: la posibilidad de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) les obligue a devolver a sus clientes las cantidades cobradas de más al aplicar las cláusulas suelo que limitaban los intereses en sus hipotecas.

En la cuerda floja se encuentran unos 4.500 millones que los bancos tendrían que provisionar, en unos casos; dotar más cantidades, en otros; o dejar de ingresarlos en sus cuentas, en algunos. Sea cual fuere la actuación, el impacto sería equivalente a los beneficios que el conjunto del sector obtuvo en el primer semestre del año pasado. Las estimaciones de Analistas Financieros (AFI) calculan que el coste ascendería a 100 millones en 2009, 1.600 en 2010; 1.100 en 2011; 850 en 2012; y 800 hasta mayo de 2013.

El resultado depende del abogado general del Tribunal de la UE. Está previsto que el día 13 emita sus conclusiones sobre la retroactividad de las cláusulas suelo. Su posición no es vinculante, pero en la mayoría de los casos sirve como guía a los jueces, que emitirán su dictamen a finales de año. Aunque confían en que no se establezca esa solución que supondría un terremoto en términos financieros y legales, parte del sector financiero sospecha que los magistrado adoptarán un criterio ‘social’ ante un problema que afecta a miles de familias hipotecadas.

La decisión llega después de que el Tribunal Supremo determinara el 13 de mayo de 2013 que estas limitaciones no se habían comercializado con la transparencia exigible para una condición clave en los contratos. Nunca indicó que las cláusulas suelo no fueran legales, pero sí sostiene que los bancos afectados por su sentencia –BBVA y Cajamar– deberían haber actuado de forma diligente para que el cliente tuviera conciencia de lo que firmaba. Por ello, impuso que las entidades devolvieran el dinero cobrado en exceso, con efectos hasta el día del fallo.

La duda reside ahora en si la banca tiene que realizar las devoluciones no ya desde ese día de 2013, sino desde el momento en que se activaran los suelos; esto es, cuando el euríbor comenzó a caer por debajo del límite mínimo establecido en los préstamos. Y a partir de ahí, se multiplican los casos a los que se enfrentan las entidades financieras.Cinco grupos afectados

La más expuesta de todas es BBVA, la entidad con más cartera de hipotecas con tipos limitados. Desde el momento en que se dictó la sentencia del Supremo, el banco presidido por Francisco González optó por retirar esa condición. Solo en 2013 le supuso dejar de ingresar 420 millones. Si el abogado comunitario defiende la retroactividad, tendría que hacer provisiones por 1.815 millones, según Goldman Sachs. Desde la firma sostiene que "no hay lugar a esa retroactividad" porque la sentencia del Supremo no la pidió, al ser una circunstancia "conforme" al derecho europeo.

Por detrás estaría CaixaBank, donde también optaron por dejar de aplicar los suelos. Sin embargo, los intereses cobrados de más entre 2009 y 2013, sí así lo considera el TJUE, le obligarían a tener que realizar una provisión adicional de 750 millones, que se sumarían a los 515 ya provisionados.

Sabadell ni ha destinado dinero para esta contingencia, ni ha retirado las cláusulas suelo. La entidad insiste en que sus hipotecas limitadas "son legales". Aunque si el TJUE dicta una sentencia desfavorable, indican que tendrían "más que cubierta cualquier contingencia" con las provisiones que han ido realizado. Se estima que el banco tiene unas 10.700 hipotecas afectadas, con un suelo medio del 2,9%.

Otros, como Popular, tampoco las han retirado, pero sí han realizado provisiones. La primera dotación ascendió a 350 millones. Y deberían dotar prácticamente el doble hasta los 700 millones.

Aunque no hay datos concretos, distintos cálculos estiman que entre el 30 y el 40% de las hipotecas suscritas en España incluía el suelo, lo que afecta a más de dos millones de personas que han pagado de media 3.000 euros más al año.