Extremadura, Castilla-La Mancha y Aragón tendrán "problemas" para cumplir el objetivo de déficit del 0,7 % del PIB de este año a pesar de la aplicación de acuerdos de no disponibilidad o de medidas de retención de crédito.

Ésta es una de las conclusiones del informe que sobre los planes económico y financieros que han presentado las comunidades autónomas ha redactado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Planes que han presentado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para cumplir con el Programa de Estabilidad y con los objetivos anuales de déficit fijados en el mismo, y remitido a la Comisión Europea.

El 0,7 % del PIB es el nuevo umbral que el Gobierno ha marcado a las comunidades autónomas para 2016, frente al 0,3 % inicial que se consideró que era difícil de lograr.

La AIReF únicamente ha estudiado los planes económico-financieros de siete comunidades, que son las que los ultimaron antes del 20 de mayo. Éstas son Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid y La Rioja.

Fuentes del organismo supervisor han concluido, una vez analizada la información recabada, que habrá problemas para cumplir el objetivo en Extremadura, Castilla-La Mancha y Aragón, aunque han reconocido "esfuerzos de corrección" en la extremeña.

La Rioja, por el contrario, tendrá "muy probable" el cumplimiento, incluso, como dicen las fuentes, va más allá al establecer un techo de déficit del 0,2 %.

"Es probable y factible" que Andalucía, Madrid y Castilla y León alcancen el 0,7 %.

Dentro de ese cupo de tres comunidades con problemas, "Extremadura es la única que ha adoptado un acuerdo de no disponibilidad", refrendado además en el Consejo de Gobierno de la comunidad, en el que "se detallan" las partidas que se podrán gastar ni en 2016 ni en 2017.

Ese "esfuerzo" de corrección ha mejorado la previsión de cierre presupuestario de Extremadura en casi medio punto, aunque se mantiene lejos de poder ajustarse al umbral, sostienen las fuentes.

Aragón, sin embargo, ha optado por la retención de crédito sobre un 0,2 % de su PIB, pero con el compromiso de que se aplique la mitad, que viene a suponer unos 35 millones de euros, según las fuentes del organismo.

Y en cuanto a Castilla-La Mancha, sus retenciones de crédito, dice la AIReF, no se traducirán en una reducción del déficit.

Por tanto, a tenor del informe sobre los planes económico- financieros de las comunidades, La Rioja, en gran medida, y en menor Andalucía, Madrid y Castilla y León se acoplarán a la senda propuesta por el Gobierno.

Las fuentes de la AIReF se han topado con una serie de "problemas" para efectuar estas previsiones, especialmente por la provisionalidad de las mismas y porque los planes económico-financieros son para los años 2016 y 2017, sin que hayan datos aún fiables sobre este último ejercicio.

Para estas mismas fuentes, las siete comunidades cuyos planes se han estudiado se han adaptado a las variaciones de los objetivos del Gobierno, pero en esa trayectoria la AIReF ve "tensiones en los escenarios de gasto" por la dinámica previsible del gasto sanitario. El escenario de ingresos, no obstante, "parecen más realistas".

Según han puntualizado dichas fuentes, no se incluye información supeditada a medidas de condicionalidad fiscal o la del gasto sanitario que prevé el Ministerio mediante el acuerdo con Farmaindustria.

Castilla y León y La Rioja, sin embargo, sí han referido en sus planes que se acogerán a esta regla de gasto en materia sanitaria a pesar de que no era obligatorio para ellas.

La AIReF ha advertido, con todo, del "problema serio" que tienen las comunidades para calcular la regla de gasto, así como del criterio de flexibilización de Hacienda, por cuanto contribuye a "desvirtuar" el papel de la propia regla de gasto, elemento clave para ajustarse a los proyectos de déficit.

Se producen así diferencias entre los objetivos a los que llevaría la regla de gasto en sentido estricto y las que generan las previsiones más laxas de Hacienda, lo que hace que para la AIRef sea más aconsejable la puesta en marcha de objetivos diferenciados según las comunidades.