Las autonomías españolas solo obtienen por impuestos propios un 2,4% de sus ingresos

Las comunidades autónomas tienen una espada de Damocles en los últimos años llamada déficit público. Para tratar de reducirlo y cumplir los objetivos fijados en la senda de estabilidad, algo que no han conseguido y que este año volverán a incumplir al duplicar el 0,7% previsto, los gobiernos regionales han recurrido cada vez más a los impuestos propios para captar nuevos recursos ante la incapacidad de recortar más el gasto. De hecho, estos tributos cada vez han ganado más peso en su sistema fiscal, aunque todavía representan un exiguo 2,4% de sus ingresos impositivos totales (la mayor parte provienen de la recaudación de los impuestos cedidos como el IRPF, IVA, Especiales o Patrimonio).

Así, en 2014 –último dato disponible– los impuestos propios supusieron 2.069 millones para las arcas autonómicas, lo que representó un leve descenso del 0,8% respecto al año anterior. Sin embargo, si se compara con 2011 estos ingresos avanzaron al aumentar su importe en 758 millones, ya que hace cinco años su peso era únicamente del 1,6%, según el estudio ‘Panorama de la fiscalidad autonómica y local 2016’, elaborado por el Consejo de Economistas Reaf-Regaf y presentado ayer.

De todas formas, la situación varía en cada comunidad autónoma. El mayor peso de los tributos propios se da en Canarias con un 18,5%, una cifra muy elevada debido a su régimen especial por tratarse de un territorio extrapeninsular. Después le siguen Extremadura (7,1%) y Asturias (3,7%). Por contra, la región con menos impuestos propios es Madrid, apenas siete millones de recaudación. La mayor parte de la fiscalidad autonómica tiene que ver con la imposición medioambiental mediante la creación de tributos sobre el agua, la emisión de gases a la atmósfera, al almacenamiento de residuos, al transporte y distribución de energía eléctrica o a los vertidos en las aguas litorales.

Sin embargo, algunas regiones también han dado luz verde a una tasa por tierras infrautilizadas (Andalucía o Asturias), a la utilización de las bolsas de plástico (Andalucía) o a las viviendas vacías (Cataluña), entre otros. En total 79 figuras tributarias.

En Aragón

En cualquier caso, el estudio del Consejo de Economistas concluye que la proliferación de estos tributos ha provocado un aumento de la conflictividad entre administraciones. Es el caso del impuesto a los depósitos bancarios, que fue aprobado en varias comunidades y después chocó con la figura estatal. Bruselas también ha pedido que se retire el impuesto a las grandes superficies comerciales existente en algunas regiones como Aragón, Asturias, Canarias, Cataluña y La Rioja por considerar que se trata de una ayuda de Estado que favorece al pequeño comercio.

En este sentido, el presidente del Consejo de Economistas, Valentí Pich, explicó ayer que la forma de legislar en tributos propios no es la más adecuada, debido a suspensiones y no aplicaciones de algunos de estos impuestos y a la "tremenda proliferación de normas". Además, destacó que la litigiosidad en estos impuestos es muy elevada. "Ya no sabemos si los nuevos impuestos autonómicos son para recaudar, complicar la vida a la gente o postureo político", explicó.

Armonizar los tributos

Para tratar de solucionar este problema, el Consejo de Economistas apuesta por armonizar estos tributos propios y dar capacidad normativa a las comunidades en aspectos muy concretos de los mismos. Además, considera necesario una cuantificación de los beneficios fiscales en cada comunidad. Por último, también defiende crear una comisión de expertos con sensibilidades territoriales distintas para modificarlo. Precisamente, un reciente estudio de Fedea señaló que los problemas de consolidación fiscal de las comunidades se encuentran en los ingresos. En este sentido, el trabajo señalaba que aunque los recursos están creciendo con la mejora económica, los ingresos de las regiones son todavía un 0,5% del PIB inferiores a los registrados en 2007 y situaban el agujero en los recursos propios.

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, advirtió ayer durante la presentación del estudio de fiscalidad autonómica de que los impuestos "exagerados" destruyen civilizaciones porque "asustan e incluso paralizan".

La complejidad del sistema tributario radica, en parte, en la cesión de algunos impuestos a las comunidades, lo que provoca una disparidad a la hora de tributar. Así, los contribuyentes residentes en Madrid son los que menos pagan por IRPF en todos los tramos, frente a Cataluña, Extremadura y Cantabria, donde más tributan por este impuesto. En concreto, el tipo mínimo de IRPF más bajo (19%) se encuentra en Madrid, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia y La Rioja. Por su parte, se sitúa en el 19,5% en Andalucía, Aragón, Asturias y Murcia. Llega al 20% en Extremadura y al 21,5% en Valencia y Cataluña.