Un “animador sociocultural” con sueldo de presidente de caja

Hasta ahora se habían escuchado todo tipo de justificaciones por parte de los antiguos responsables de las cajas de ahorros para su aparente desconocimiento de los desmanes cometidos. Sin embargo, Juan Pedro Hernández Moltó, expresidente de Caja Castilla-La Mancha (CCM), fue ayer un paso más allá al calificar su papel en la entidad como el de un "animador sociocultural"; eso sí, con sueldo de todo un alto responsable.

El interrogatorio de Hernández Moltó, quien antes de aterrizar en la caja fue secretario general del PSOE en la comunidad castellano-manchega y diputado en el Congreso, fue el primer acto del juicio por la quiebra de CCM, la primera caja de ahorros que tuvo que ser intervenida por el Banco de España (marzo de 2009) y cuyo reflote costó 9.000 millones a las arcas públicas. El, sin embargo, insistió en que era como la "reina madre" de la entidad, dedicado "exclusivamente a labores institucionales". Acudió, no obstante, a la dialéctica taurina para reconocer que tampoco es que fuera "un don Tancredo inmóvil". "Yo sabía lo que pasaba -admitió-, pero como presidente no ejecutivo no tomaba decisiones". El titular del Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, José María Vázquez Honrubia, molesto con su insistencia en descargarse de culpas, terminó por interrumpirle. "Puede que usted no tuviera competencias ejecutivas, pero sí responsabilidad".

Hernández Moltó dijo que sabía que el Banco de España estaba revisando sus cuentas porque veía que en sus oficinas centrales había "un ejército de inspectores". Sin embargo, advirtió de que "no era consciente" de que los requerimientos posteriores del supervisor bancario obligaran a dar la vuelta por completo a las cuentas de la caja para el ejercicio de 2008, pasando de un supuesto beneficio de 30 millones a unas pérdidas de 182 millones. Reconoció, eso sí, que en octubre de 2008 el Banco de España les exigió pasar 474 millones en créditos presuntamente sanos a la categoría de morosos, otros 536a la clase subestándar (en riesgo de morosidad) y 539 más a "vigilancia especial". "¿No se dio cuenta entonces que era imposible dar beneficios?", le preguntó el fiscal. Su respuesta es que tenía plusvalías suficientes –"de 800 o 900 millones", dijo– para compensar esos cambios forzosos. Pero el fiscal le recordó que también esas plusvalías eran inexistentes, según el supervisor.

La versión de Moltó fue ratificada por su ex número dos, Ildefonso Ortega. Este abundó en la idea de que las cuentas presentadas al Banco de España en febrero de 2009 eran "provisionales". "Jamás, jamás, jamás" fueron formuladas ni aprobadas por la junta general, declaró.