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Economía

La Fiscalía solicita tres años de prisión para García Montes, ex director general de la CAI

La juez abre juicio oral contra el directivo por administración desleal y apropiación indebida. Le exige pagar, junto a los otros dos encausados, una fianza de 18 millones.

Ramón Marreroen las Cortes de Aragón en 2014.
La Fiscalía solicita tres años de prisión para García Montes, ex director general de la CAI
G. Mestre

La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Zaragoza ha dictado auto de apertura de juicio oral contra el que fuera director general de Caja Inmaculada entre 2005 y 2009, Tomás García Montes, para quien la Fiscalía ha pedido tres años de prisión por un delito continuado de administración desleal. La acusación particular, a cargo de la propia entidad, solicita para él 16 años de condena, ya que le atribuye también el delito de apropiación indebida. La misma pena de cárcel pide la acción popular, a cargo de la Confederación Intersindical de Cajas (CIC), quien le acusa, además de los delitos anteriores, de un tercero de estafa.

En su auto, con fecha 21 de diciembre de 2015, la magistrada fija también una fianza de 18 millones, a la que deberán hacer frente de forma conjunta y solidaria tanto García Montes como el ex directivo de la entidad Javier Alfaro, al que se atribuyen los mismos delitos, y Ramón Marrero, ex gestor de algunas inmobiliarias de la caja, al que se imputa un único delito de apropiación indebida. En caso de que no puedan pagar la fianza, les serían embargados sus bienes para poder garantizar el pago de las posibles responsabilidades civiles.

La juez considera responsable civil subsidiaria a la mujer de Javier Alfaro, María de los Ángeles Álvarez, quien debería responder por una cantidad de 116.000 euros. La esposa de García Montes, que también figuraba en la querella inicial, presentada hace tres años, ha fallecido en este tiempo.

La causa contra el ex director general de CAI se inició en 2012 a raíz de una querella presentada por la propia caja de ahorros (ahora Fundación CAI), en la que denunciaba una serie de operaciones ejecutadas por los encausados que le habrían causado un presunto perjuicio de 12,6 millones de euros.Se incluía una rebaja del 50% en el precio de dos viviendas adquiridas a sociedades de la caja en 2007 en el Puerto de Santa María. También figuraba un viaje a Egipto en el mismo año pagado por varias empresas participadas por la entidad.

Fuentes de la acusación particular valoraron ayer "positivamente" el auto "desde el punto de vista del interés de CAI". Así, entienden que este escrito, junto al del fiscal, "demuestra que la querella tenía una fundamentación sólida".

El fiscal incluye imponer a los tres acusados las costas del proceso a partes iguales. Además, pide una indemnización solidaria de 12,6 millones de euros (más los intereses legales)a CAI Inmuebles por parte de Javier Alfaro y Ramón Marrero, por las operaciones realizadas en perjuicio de la entidad. El fiscal explica que resulta de las "compras e intercambios de acciones y participaciones" que se llevaron a cabo cuando la caja de ahorros decidió la salida de Marrero en 2009.

Para García Montes pide que indemnice con 233.155 euros a la firma Soto de Villahermosa, sociedad a la que compró el apartamento en el Puerto de Santa María con un descuento del 50,76%. Javier Alfaro debería indemnizar con 221.471,84 euros por la otra vivienda que adquirió con su mujer con una rebaja del 49,26%, recoge el fiscal.El "hombre de confianza"

La Fiscalía afirma en su escrito que "la sólida relación entre los imputados derivó en la realización de algunas maniobras tendentes a obtener notables ventajas personales" y habla de Alfaro como el "hombre de confianza" de García Montes. Detalla cómo el viaje a Egipto fue contratado "para ellos y sus familias", en total 11 personas, y su coste fue de 195.739,49 euros, que se pagó entre las compañías El Soto de Villahermosa, Golf El Puerto y Arcai Inmuebles, todas ellas participadas por CAI Inmuebles.

Desde CIC, Asipa en Aragón, insistieron en su intención de que "toda la gestión delictiva a la que hemos tenido acceso sea juzgada". La organización mantiene su intención de plantear una nueva querella con otras irregularidades que pudieron cometerse en esta etapa.

Este periodo también se analizó el año pasado en la comisión de investigación de las Cortes de Aragón, que no detectó más delitos, al margen de este caso, que entonces se encontraba en fase de instrucción judicial.

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