El futuro jurídico de Felipe Benjumea tornó ayer a oscurecerse después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional respaldara la apertura de una causa penal contra el conocido empresario andaluz y quien fuera su mano derecha en la cúpula de Abengoa, Manuel Sánchez Ortega. Ambos, según el ministerio público, antepusieron "sus intereses patrimoniales a los de la sociedad" y no precisamente por omisión, error o descuido.

Según el fiscal José Perals, que se encargará de un caso que promete alargarse ahora bastantes meses, Benjumea –como presidente– y Sánchez Ortega –en calidad de consejero delegado– "realizaron conscientemente una administración desleal". Una figura que está tipificada como delito societario, y castigada con hasta seis años de cárcel en función del "quebranto económico causado" al perjudicado y los medios empleados, entre otras cosas.

Benjumea dejó la compañía el pasado 24 de septiembre, forzado por la banca acreedora tras descubrirse que la deuda real de Abengoa era un iceberg del que solo se veía la punta. Bajo la superficie había un agujero próximo a los 24.000 millones. Sánchez Ortega había abandonado la nave en mayo. Su destino fue el fondo de inversión Blackrock, que apenas un mes después de su fichaje tomó "fuertes posiciones bajistas" en los valores de Abengoa, es decir, que empezó a vender todo el papel (bonos, títulos, etc.) que tuviera de la compañía energética.

Los bonistas que no disfrutaron de tanta ‘fortuna’ para anticipar el descalabro posterior, se querellarían meses más tarde contra él. Y de esos barros vienen los lodos actuales, puesto que la Fiscalía ve indicios de que su exnúmero dos se aprovechó de información privilegiada.