Los compradores de Sali dicen a la juez que se gastaron hasta 10 millones de euros en Utebo

Los compradores de la planta de Sali-Cacaolat en Utebo dijeron ayer a la juez que habrían invertido en la factoría no 4 millones de euros previstos en la oferta de compra, sino "hasta 10 millones de euros" en los dos años que la gestionaron antes de su cierre en 2013, incluyendo también gastos, según explicó, tras las declaraciones ante el juez, el abogado de los 55 exempleados que han presentado la querella en la que acusan a Cobega, Damm y Victory Corporate Turnaround de un delito de estafa procesal, administración desleal y contra los derechos de los trabajadores. "Ahora tendrían que justificar lo que dicen", añadió Eladio Mateo Ayala, abogado del grupo de empleados asesorados por UGT, tras las casi cuatro horas de preguntas a puerta cerrada.

Demetrio Carceller, presidente de la cervecera Damm, fue el primero en acudir al juzgado, puntual y tranquilo. Sin hacer declaraciones a la prensa, salió una media hora después. Junto a él llegó Jorge Villavecchia, apoderado mancomunado de la compañía cuya firma aparece en la adjudicación de la unidad productiva dentro del concurso de acreedores en que estaba inmersa Cacaolat, antes propiedad de Nueva Rumasa de la familia Ruiz Mateos. Su declaración fue la más larga y al salir logró esquivar a los medios de comunicación. El único que habló mientras abandonaba los juzgados fue Luis Victory, administrador único de la consultora especializada en reestructuraciones que lleva su apellido y que participó en la operación junto a Damm y Cobega, cuya presidenta y de Coca-Cola Iberian Partners, Sol Daurella, compareció en los juzgados la semana pasada. Victory aseguró que no recordaba detalles como si las inversiones se llevaron a cabo o si el plan incluía que siguiera abierto el centro porque "ya fue hace años". "Yo solo ayudé a preparar la oferta", añadió.

El último en contestar las preguntas fue el perito de los querellantes que acudió con el informe en el que se afirma que no se realizaron las inversiones y "la ausencia de utilización de las líneas de comercialización de Cobega y Damm", entre otros incumplimientos, explicó Mateo Ayala.

Los querellantes esperaron que se consiga "aclarar la situación". Mantuvieron que no se hicieron inversiones y que los únicos gastos fueron los destinados a la plantilla, tras los expedientes de regulación. La juez tendrá que decidir ahora si sigue adelante el proceso.