El presidente del grupo cervecero Damm, Demetrio Carceller, ha acudido este miércoles a los juzgados de Zaragoza a declarar ante la juez como imputado en la querella interpuesta por un grupo de 55 ex empleados de la planta de Sali-Cacaolat de Utebo por un presunto delito de estafa procesal, administración desleal y contra los derechos de los trabajadores, por no cumplir lo acordado en la compra de la factoría.

Ha llegado acompañado por el apoderado mancomunado de la firma, Jorge Villavecchia, y tras ellos ha ido Luis Victory, administrador único de la consultora Victory Corporate Turnaround. Los tres han respondido a las preguntas de la titular del juzgado de Instrucción número 8 sobre la operación firmada en 2011 y que supuso la compra de la plantas de Sali en Zaragoza y la de Cacaolat en Barcelona. Sin embargo, dos años después, la zaragozana cerró por falta de viabilidad, según sus compradores.

De las declaraciones de este miércoles, que se han celebrado a puerta cerrada, ha trascendido que los adquirentes mantienen que invirtieron “hasta 10 millones de euros” en la factoría, según explicó al final de la mañana el abogado de los exempleados, Eladio Mateo Ayala. Los trabajadores, agrupados por UGT, denuncian que las empresas incumplieron los compromisos alcanzados ante el juez del concurso en el que estaba inmersa Cacaolat, incluidas las inversiones previstas de 4 millones de euros. La compra la suscribieron las dos empresas citadas junto a Cobega, cuya presidenta, Sol Daurella, también máxima responsable de Coca-Cola Iberian Partners, ya acudió la semana pasada a declarar junto a otros dos directivos.

A su salida del juzgado, Luis Victory ha dicho que no recuerda detalles de la oferta de compra presentada para hacerse con la compañía zaragozana como las inversiones.

Los exempleados se quejan de que los nuevos propietarios tuvieron más interés desde el principio en la planta barcelonesa, a la que destinaron unos 67 millones de euros de inversión para construir unas instalaciones nuevas y conservar la marca catalana de batidos. Cacaolat, en manos de Nueva Rumasa en 2011, el grupo empresarial de la familia Ruiz Mateos, fue declarada ese año en concurso de acreedores que llevó el juzgado Mercantil número 6 de Barcelona.

Se presentaron cuatro ofertas y el juez se decantó por la que encabezaban la unión de Cobega, Damm y Victory Coporate Turnaround. Los querellantes, agrupados por UGT, acudieron con un perito y un informe sobre el devenir de la empresa, que en 2012 fue escindida de Cacaolat Barcelona y en mayo de 2013 presentó un expediente de regulación que supondría la salida del 60% del centenar de empleados. En octubre llegó el segundo para el resto de la plantilla hasta llegar el cierre definitivo el 5 de noviembre de 2013. Ahora la jueza deberá decidir si sigue adelante con la querella o archiva el caso, entre otras opciones.