​España, país de la OCDE donde más jóvenes se ven forzados a los empleos a tiempo parcial

La Organización insta a eliminar las barreras regulatorias y fiscales a la contratación de trabajadores.

Oficina del Inaem en Zaragoza
Oficina del Inaem en Zaragoza
A. Alcorta

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha destacado que España tiene la mayor tasa de jóvenes trabajando de forma involuntaria en empleos a tiempo parcial de los países miembros, ya que prefieren aceptar "cualquier trabajo" que no tenerlo.


Según recoge en su informe de sobre la estrategia de competencias en España, un 22% de los jóvenes de 15 a 24 años trabajaban en 2013 de forma involuntaria en empleos a tiempo parcial, frente a la medida del 4% de la OCDE.


"Dada la escasez de ofertas de empleo en España, muchos jóvenes prefieren aceptar cualquier trabajo disponible si la alternativa es no tener ningún trabajo. El subempleo puede provocar una autoestima significativamente más baja, una menor productividad y pobreza con empleo", advierte la organización dirigida por Ángel Gurría.


El informe apunta que cerca del 71% de los trabajadores jóvenes son contratados de forma temporal, una proporción ha que aumentado durante la crisis y que hace que sean vulnerables a las fluctuaciones económicas.

"Mientras que en los países europeos los contratos temporales son para los jóvenes un paso previo antes del contrato fijo, en España es más probable que los jóvenes permanezcan atrapados en los contratos temporales", critica.


En esta línea, la OCDE añade que a menudo aceptan empleos que no corresponden con sus competencias, cualificaciones y campos de estudio. Así, subraya que, aunque es normal que los jóvenes tarden algún tiempo en encontrar un empleo acorde a su formación, la proporción de jóvenes españoles (70%) es considerablemente superior que la media (61%).


Además, subraya que las reformas recientes, que han hecho que el mercado laboral sea más flexible y los salarios respondan más a las condiciones económicas, han provocado un aumento en la contratación, pero añade que la crisis prolongada ha dado lugar a unos salarios menores en el momento de contratación inicial o de renovación de los contratos temporales. Menos salario

En concreto, apunta que el salario inicial de los jóvenes ha bajado de 1.210 euros en 2008 a 890 euros en 2013, lo que supone un descenso del 35%.


Por ello, advierte de que algunos jóvenes corren el riesgo de padecer pobreza aunque dispongan de empleo y apunta que en otros países, unos ingresos laborales bajos se compensan en parte mediante apoyo económico de carácter fiscal para los trabajadores con ingresos bajos.


Por otro lado, la OCDE señala que los jóvenes españoles se enfrentan a impedimentos a la movilidad geográfica, como por ejemplo una alquileres relativamente altos, que provoca que el 70% de los hombres jóvenes en España con contratos fijos sigan viviendo con sus padres, frente al 30% de Reino Unido, el 21% de Alemania o el 16% de Francia y Países Bajos.


En este contexto, destaca que el Plan para la Implementación del Sistema de Garantía Juvenil tiene la intención de que el Ministerio de Empleo y las comunidades autónomas implementen programas que promuevan la movilidad en el país y en Europa, pero agrega que en la práctica los programas parecen centrarse en la movilidad internacional y no en la movilidad en el interior de España. "Esto podría deberse a los retos que supone coordinar esfuerzos en un país tan descentralizado como España", apostilla.


Por otro lado, valora positivamente que España esté implementando la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016, que ha supuesto algunas mejoras a corto plazo, pero agrega que todavía "queda mucho por hacer".


En su opinión, es necesario tratar muchas cuestiones al mismo tiempo para ayudar a los jóvenes a encontrar su primer empleo. Así, aboga por que los servicios públicos de empleo mejoren su rendimiento a la hora de apoyar y guiar a los jóvenes en su transición de la educación al empleo y participen en el sistema educativo para ayudar a que una mayor cantidad de ellos pueda hacer una transición fluida de la educación al trabajo sin un periodo intermedio de desempleo.Mercado laboral

Por otra parte, la OCDE recuerda que en 2014, España registró la segunda tasa más alta de desempleo y la tercera más baja de creación de empleo de la OCDE, al mimos tiempo que casi una cuarta parte de los trabajadores españoles tenían una vinculación contractual temporal, umbral superado únicamente por Chile y Polonia de entre los países de la OCDE.


Ante los problemas característicos del mercado laboral español (las altas tasas de desempleo, las bajas tasas de empleo y la dualidad del mercado laboral) y pese a las reformas adoptadas desde 2012, la organización insta al Gobierno a eliminar las barreras regulatorias y fiscales a la contratación de trabajadores.


En su opinión, la "estricta" legislación para la protección del empleo ha contribuido a una significativa dualidad del mercado español y ha hecho que los empleadores recurran con frecuencia a los contratos temporales para reducir costes y ha provocado que poca veces los temporales sean un peldaño a los indefinidos.


Ante esta "arraigada" dualidad del mercado laboral, admite que no existen soluciones "simples", pero sugiere opciones como hacer más difícil y costoso el recurso a los contratos temporales, relajar la legislación sobre el despido de trabajadores fijos o fomentar la convergencia de los costes de extinción de los diferentes tipos de contrato.


Así, añade que, aunque España tiene una normativa que regula el uso de los contratos temporales, en la práctica, su aplicación ha sido laxa y las restricciones no son a menudo suficientes para proteger a los trabajadores del encadenamiento de contratos temporales, ya que las empresas pueden emplear a los trabajadores mediante diferentes tipos de contratos. 


Por otro lado, la OCDE remarca que el impuesto sobre la renta, las cotizaciones a la Seguridad Social hechas por el empleado y el empleador y los impuestos sobre las nóminas introducen una brecha fiscal entre lo que cuesta a la empresa un trabajador y lo que este se lleva realmente a casa tras el pago de impuestos.


Así, alerta de que las brechas fiscales demasiado altas pueden inducir a la gente a trabajar menos horas, trabajar (parcial o totalmente) en la economía sumergida para evadir impuestos o hacerles abandonar el mercado laboral por completo, así como reducir los incentivos de los empleadores para contratar.


En su opinión, España afronta retos significativos en esta área, ya que, dado que la participación en el mercado laboral es baja y el desempleo alto, es algo preocupante que la estructura tributaria dependa tan fuertemente como lo hace de los impuestos sobre los ingresos laborales.


Además, cree que el régimen fiscal de España y la legislación sobre protección del empleo pueden favorecer que la contratación y la oferta laboral se produzcan en forma de economía sumergida, que en España es "relativamente grande" y tiene repercusiones económicas negativas para la economía general y para las finanzas públicas.


En su opinión, reducir las cotizaciones a la Seguridad Social en España puede alentar a muchos trabajadores irregulares y a los empleadores que los contratan a regularizar su situación en el mercado laboral, sobre todo si al mismo tiempo se potencia el esfuerzo por combatir el fraude en materia fiscal.

Comentarios
Debes estar registrado para poder visualizar los comentarios Regístrate gratis Iniciar sesión