Encontrar el difícil equilibrio entre una producción rentable y adaptada a los deseos del consumidor y el uso cada vez más restringido de plaguicidas y productos fitosanitarios parece cada vez más distante. La Unión Europea lleva persiguiendo sin descanso desde 2009 que la utilización de productos químicos sea cada vez más residual en el mundo agrario... aunque sin conseguirlo por el momento.

Aquel año Bruselas puso en marcha una nueva directiva con la que se intentaba poner coto al uso de estos compuestos utilizados para combatir plagas y malas hierbas que se ha ido endureciendo hasta entrar en 2015 en su fase más restrictiva. Una buenas intenciones que, sin embargo, parecen haber conseguido un 'efecto rebote' en algunos de los territorios donde el sector primario sigue teniendo más peso y extensión, como es el caso de Aragón.

Así al menos lo ponen de manifiesto las últimas estadísticas sobre consumo y uso de plaguicidas y pesticidas en la Comunidad, publicadas la semana pasada por el Instituto Aragonés de Estadística. En total, durante 2014 los agricultores y empresas agrícolas de Aragón utilizaron algo más de 4.750 toneladas de estos productos para tratar sus campos, un 25% que las que necesitaron en 2009, momento en el que se puso en marcha la nueva normativa, lo que a la postre significa la cantidad más alta desde comienzos de siglo.

Esta tendencia no es ni mucho menos exclusiva de la Comunidad, aunque sí que se da con más intensidad que en el resto del país. En concreto, en toda España el año pasado se utilizaron más de 100.000 toneladas de plaguicidas, un 7% más que hace un lustro. Pero, ¿qué produce que pese a haber más restricciones por parte de Bruselas cada vez se utilicen más insecticidas, herbicidas y productos similares? Para Emilio Betrán, director del Centro de Sanidad y Certificación Vegetal de la DGA, una de las explicaciones puede estar en “el paso de producciones de secano a regadío que se ha dado en los últimos años”, más exigentes a nivel de tratamientos, aunque recalca que los productos que se utilizan en la actualidad distan mucho de los que eran habituales hace años.

“El consumidor puede estar seguro de que los productos fitosanitarios que se usan en la actualidad se miran con lupa, y más aún en Europa”, cuenta el director del CSCV, organismo dedicado al control de plagas y enfermedades de los vegetales y a vigilar la comercialización y utilización de los fitosanitarios y que en los últimos años también está trabajando en difundir y potenciar cuidados agrícolas que cada vez hagan menos uso de químicos.

De hecho, es la mayor fiscalización de los plaguicidas lo que ha podido hacer que las estadísticas sean también cada vez mayores. Desde el año 2013 los agricultores están obligados a completar un cuaderno de explotación donde concretan las cantidades utilizadas, la DGA cuenta con otro Registro de Productores y Operadores de productos fitosanitarios en el que queda constancia de cualquier transacción, y el número de productos prohibidos por Bruselas ha avanzado de tal forma que casi cae en lo chocante al mirarlo en perspectiva.

Sin ir más lejos, antes del año 2000 el lindano, que tanta controversia ha traído en los últimos años en Aragón, estaba permitido como insecticida. Además, los controles seguirán en aumento. Hasta 2016, los exámenes llegarán también a la maquinaria con la que se aplican los fitosanitarios, al tiempo que cada vez se hará más hincapié en la necesidad de que un ingeniero agrónomo asesore a las explotaciones.Los agricultores, entre la espada y la pared

Con todo, las noticias sobre este tipo de compuestos siguen generando gran alarma social sobre los consumidores. Prueba de ello fue lo ocurrido la pasada primavera, cuando un organismo adscrito a la Organización Mundial de Salud calificó de “probablemente cancerígeno” al herbicida más usado en el mundo, el glifosato, comercializado por la empresa Monsanto.

“Es un aspecto muy complicado y en el que hay que valorar todo desde varios puntos de vista”, opina Rosana Cirac, ingeniera agrónoma y asesora del Atria El Bancal del Bajo Aragón. “El camino de todas estas normativas es ir hacia una gestión integrada donde el uso de fitosanitarios sea cada vez menor. Esto tiene dos vertientes, por supuesto la medioambiental, pero también la económica, porque para el agricultor la compra de fitosanitarios supone uno de los mayores costes de la producción”, señala.

Sin embargo, las continuas restricciones a estos productos que se han puesto desde Bruselas -cada año salen del registro de fitosanitarios autorizados entre tres y cinco compuestos- también han incidido a que cada vez sean menos útiles. “Los productos que quedan autorizados cada vez son menos eficaces, lo que también puede estar incidiendo, de forma contraproducente, en que cada vez se usen en mayores cantidades”, explica Cirac.

Y en medio del debate aparecen, como no, los dos eslabones principales de la cadena: agricultores y consumidores. Para lo primeros, las nuevas normativas han supuesto tener que adaptarse a numerosos cambios a menudo con varios traspiés por el camino. Para los segundos, las crisis y los rápidos cambios quizá no hayan facilitado una concienciación que también persigue la UE.

“Obviamente todos queremos una producción lo más natural posible, pero la prohibición de muchos productos ha producido que varias plagas nuevas se hayan quedado sin una respuesta eficaz”, señala Vicente López, fruticultor de La Almunia y representante del sector de Uaga. No en vano, las grandes cadenas de distribución siguen buscando producciones que tengan un aspecto propio de un bodegón, piezas de fruta que no presenten manchas ni 'taras' a veces inevitables sin la utilización de plaguicidas y que llegarían al mercado a un precio más elevado. “Hace falta concienciar a las personas de que hay que comer más con la boca y menos con la vista”, recalca López, quien pide además a los consumidores que se fijen en el origen de los productos que compran debido a los distintas exigencias que preconiza la Unión para los agricultores locales en comparación a las producciones importadas.