Economía
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Aragón pide a Montoro más flexibilidad con el déficit

Todas las regiones que no están gobernadas por el PP creen que el el margen del 0,3% es injusto.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro
AFP

Todas las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, además de Cataluña, Canarias y Cantabria, reclamarán al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, más flexibilidad en los objetivos de déficit para los próximos años, pues consideran "injusto" que las regiones asuman la mayor parte del ajuste.

Ese es el mensaje que han trasladado la mayor parte de los responsables de Hacienda de las comunidades autónomas a su llegada al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que se debatirán los objetivos de déficit para el período 2016-2018.

Las comunidades que no están gobernadas por el PP cuestionan que el Ejecutivo se conceda un margen mucho mayor de déficit (un 2,2% del PIB en 2016) que el que otorga a las comunidades autónomas (un 0,3 % ese año), cuando la mayor parte de los servicios públicos esenciales son competencia de las autonomías.

"Plantear a las comunidades un objetivo de déficit de un 0,3 % no es justo. Es manifiestamente injusto y además es imposible", ha resumido el consejero aragonés, Fernando Gimeno, quien será propuesto por sus compañeros socialistas para ser vicepresidente del CPFF.

El conseller catalán, Andreu Mas-Colell, ha dicho al respecto que el objetivo del 0,3 % es "absurdo e irreal" y, por ello, ha instado a su revisión, en tanto que la responsable de Hacienda de Andalucía, María Jesús Montero, ha acusado al Gobierno central de cargar la mayor parte del esfuerzo en las administraciones responsables de la sanidad, la educación y los servicios sociales.

Un mensaje en el que ha coincidido con el conseller valenciano, Vicent Soler, quien ha advertido de que es imposible cumplir el 0,3 % porque los gastos en sanidad, educación y servicios sociales "son inflexibles". El consejero castellanomanchego, Alfonso Ruiz Molina, ha insistido en la necesidad de cambiar los términos del reparto entre el Gobierno y las autonomías, si bien se ha negado a aceptar una distribución asimétrica entre las comunidades.

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