Montoro insta a los alcaldes a acatar la ley presupuestaria aunque incumplan sus promesas

Tranquilidad en el Gobierno a pesar de los numerosos cambios políticos que han llegado a los ayuntamientos este fin de semana. El nombramiento de los nuevos alcaldes, con propuestas políticas y promesas electorales diferentes a los anteriores, no tiene por qué desviar el déficit público. Porque legalmente no tienen capacidad de movimiento. "Ninguna comunidad autónoma o ayuntamiento podrá poner en peligro la recuperación", explicó este lunes el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, escudándose en que "ningún gobernante tiene discreción" para actuar por su cuenta al margen de la ley.

Montoro se mostró prudente porque está seguro de que a pesar de las promesas, los alcaldes elegidos en las grandes ciudades "deben saber que tienen que cumplir leyes tan explícitas como la de estabilidad presupuestaria", que obliga a contener el déficit, limitar el gasto y les impide incrementar su deuda sin el aval del Gobierno. "Muchos de estos nuevos responsables políticos han propuesto cosas que en realidad no se pueden hacer", advirtió durante su intervención en el Curso de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). Y les aconsejó "explicar a sus vecinos qué es lo que no pueden llevar a cabo con respecto a sus promesas" en la campaña. "Cuanto antes despejen esas dudas, mejor", insistió.

El ministro de Hacienda recordó que la responsabilidad ante la normativa presupuestaria y de estabilidad de los ayuntamientos y comunidades no solo es de los alcaldes o presidentes. También de interventores o secretarios. "Las medidas de esos políticos harían recaer en los funcionarios de esas Administraciones las consecuencias de las iniciativas" que se vayan tomando.

El ministro insistió en que el del Gobierno es el único camino para salir de la crisis e instó a la oposición a reconocer que las políticas económicas del Ejecutivo "han sido eficaces". Montoro vaticinó "un retroceso en la recuperación" si no se completan las reformas. "Perderemos la confianza de los inversores internacionales y la de los acreedores que nos prestan", explicó.

El análisis postelectoral de Montoro coincidió con el del presidente de BBVA, Francisco González, quien alertó ante el auge de los movimientos populistas que han afianzado su posición tras las elecciones. Para González, las promesas de estos partidos "son viajes inviables que no van a ninguna parte". En el mismo acto de la UIMP organizado por la Asociación de Periodistas Económicos (APIE), el máximo responsable de BBVA sostuvo que "las personas que más han sufrido la crisis económica son las más vulnerables" a estas corrientes políticas. Y recomendó "no cometer los errores del pasado" porque "serán los más débiles los que pagan este tipo de errores de los populismos".

González, que elogió el cambio de rumbo económico que está experimentando España, valoró positivamente la alternancia política pero indicó que "para que esa alternancia sea buena, es preciso que también lo sea la alternativa política" que se proponga frente a las actuales políticas del Gobierno.

Para el presidente de BBVA hay dos riesgos que amenazan la economía. El de la deuda de Grecia, "que dista de estar resuelto y podría tener un impacto relevante sobre los mercados internacionales"; y también el final de las políticas monetarias de los grandes bancos centrales, "porque está por ver cómo se asimila el final de estas medidas por toda la economía global".

El presidente de BBVA sigue apostando por más reformas estructurales: "Es necesario avanzar en la solución definitiva de la dualidad que existe en el mercado de trabajo, con mayores dosis de competencia en sectores de bienes no comerciales y en servicios profesionales". Además, valoró positivamente la reforma del sector financiero que se ha llevado a cabo en los últimos años.

Una visión completamente diferente a la de González mantienen Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, los líderes de CCOO y UGT, respectivamente. De hecho, los sindicatos no quieren que el Estado venda el 60% que posee en Bankia y que esta entidad se convierta de facto en un banco público para que los préstamos lleguen a las pequeñas y medianas empresas (pymes). Es la propuesta que lanzaron durante su intervención en la UIMP: quieren que Bankia se una al Instituto de Crédito Oficial (ICO) . "No se puede malvender y sí que sirva por ahora para lograr este objetivo", señaló Fernández Toxo.