Apenas 682 aragoneses se han podido acoger al Código de Buenas Prácticas bancario

Algo más de dos años y medio después de su puesta en marcha, el Código de Buenas Prácticas del sistema financiero ha ayudado a más de 16.000 personas en toda España a negociar sus deudas hipotecarias con las entidades bancarias. Un número que ha ido 'in crescendo' desde su arranque en 2012, pero que sigue siendo “mínimo” para las plataformas que en los últimos años se han dedicado a fiscalizar y denunciar los casos de desahucios provocados por la crisis económica.

El Código de Buenas Prácticas vio la luz en marzo de 2012 como un mecanismo que albergaba el compromiso de un número de entidades financieras a tener en cuenta la situación de exclusión o necesidad de algunos de sus clientes a la hora de renegociar una posible mejora de sus condiciones con los bancos. Desde entonces, y tras reformarse y ampliarse en 2013, el CBP, que era de adhesión voluntaria por parte de las entidades, ha sido adoptado ahora por la gran mayoría de los bancos, siendo valorado por el Gobierno como un método positivo dado el aluvión de desahucios que se estaban viendo en los últimos años.

En Aragón, durante este tiempo, 682 personas han podido renegociar en función de este Código desde mediados de 2012. Para ello, los interesados debían demostrar que se encontraban en una situación de exclusión o de precariedad cumpliendo una serie de requisitos, que van en función de los ingresos de la unidad familiar, el número de hijos o personas a su cargo, o la situación de los avalistas.

Los datos, recopilados a través de los distintos informes que ha ido publicando la Comisión de Seguimiento instaurada por el Gobierno, no desglosan no obstante cómo se han ido resolviendo estas solicitudes en el ámbito autonómico, al agruparse su seguimiento, según se explica, por entidades bancarias.

Pese a esto, Plataformas como Stop Desahucios o la PAH valoran que tanto por los requisitos exigidos como por la escasa capacidad que tienen los particulares de negociar en solitario con los bancos, los resultados del llamado Código de Buenas Prácticas son “decepcionantes”.

“Fue un movimiento de maquillaje que se ha revelado como completamente insuficiente. Y para ver esto solo hay que mirar cómo el número de desahucios sigue creciendo sin freno”, valora Raquel de la Riva, portavoz de Stop Desahucios en la capital aragonesa, aludiendo a que durante 2014 el número de ejecuciones hipotecarias siguió aumentando en España a un ritmo del 1,4%, siendo Aragón una de las únicas seis autonomías donde no bajó su número.Solo el 10% de las solicitudes acaban en dación

Para ello se basan en los datos sobre cómo han acabado las más de 37.400 solicitudes que ha habido en toda España -donde sí se desglosan las soluciones aportadas por las entidades de financieras-. De ellas, 16.500 habían sido respondidas a fecha de comienzos de 2015, consiguiéndose en la mayoría reestructuraciones de la deuda (12.650), apenas un 10% en dación en pago (3.843 negociaciones acabaron de esta forma, con la consiguiente extinción de la deuda a cambio de entregar el inmueble) y solo 6 se resolvieron con una quita de parte de la deuda.

Pese a esto, y tras la ampliación del número de posibles beneficiarios que se aprobó en 2013 -se pasó de solo contemplar a familias con todos los miembros en paro y cuyas rentas supusieran el 60% de la carga hipotecaria para extenderlo hasta las familias que cobraran tres veces el IPREM, 19.200 euros anuales-, el número de solicitudes se ha ido ampliando positivamente. Así, mientras hasta la reforma solo pudieron solicitar en función de los requisitos del CBP una renegociación de la hipoteca 107 deudores aragoneses, durante el 2014 fueron 393, casi cuatro veces más.

Coincidiendo con la presentación de la Ley de Segunda Oportunidad, a finales del mes de febrero, el Gobierno modificó de nuevos los requisitos. Desde entonces pueden beneficiarse de él las familias con ingresos de hasta 22.365,42 euros anuales y se incluye también a los mayores de 60 años en los supuestos de especial vulnerabilidad.

Ahora, desde Stop Desahucios y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, esperan ver cómo se desarrolla en los próximos meses esta nueva ley de segunda oportunidad, un nuevo mecanismos que siguen estimando como “tremendamente restrictivo”, y ponen como ejemplo que la nueva norma obliga a las personas a declararse en concurso de acreedores por vía judicial, y mantener esta condición durante al menos cinco años, ya que, si en este plazo de cinco años el deudor mejorara su situación sustancialmente, los acreedores podrían pedir que se revocase la exoneración.