El Gobierno ha aprobado el real decreto que fija el nuevo esquema retributivo para las energías renovables, cogeneración y residuos -el denominado régimen especial- y que supondrá un recorte de unos 1.700 millones de euros para este año.

Según ha explicado el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, los objetivos del nuevo sistema son "dotar de estabilidad al sistema, dar una rentabilidad razonable e introducir certidumbre en el sector".

Junto a esta normativa, que se completa con una orden ministerial, Soria ha apuntado que se ha aprobado otro real decreto para agilizar y aumentar la "eficiencia" en las colocaciones del déficit de tarifa, deuda acumulado entre los ingresos y los costes del sistema que supera a los 30.000 millones.

Precisamente Soria ha señalado al coste de las renovables como una de las causas de la generación del déficit de tarifa y ha señalado que había que tomar medidas porque sino se iba "a la quiebra".

El nuevo sistema para las renovables, que sustituye al de primas, establece 1.400 tipos de plantas y vincula el cobro de retribuciones adicionales a lo que reciban en el mercado eléctrico a una rentabilidad razonable del 7,5 % para toda la vida útil de cada instalación.

Así, cada planta cobrará en función de la inversión, lo recibido hasta ahora y su vida útil. Con este esquema, hay plantas, fundamentalmente parques eólicos, que dejarán de recibir retribución adicional.

El año pasado las primas a este régimen sumaron 9.000 millones en 2013, una partida que este año bajará a unos 7.300 millones con el nuevo esquema retributivo.

Según los cálculos del Ejecutivo, las tecnologías del régimen especial recibirán 200.000 millones de euros de retribución en toda su vida útil.

Desde este año serán 142.530 millones a los que se suman los 56.294 millones que han cobrado desde 1998.

Al largo proceso de tramitación de esta norma, casi un año, le han acompañado las duras criticas del sector que ha estado todo este tiempo trabajando con ingresos provisionales que ahora deberán ajustar.

Desde las renovables, que han anunciado recursos contra la nueva normativa, tachan los cambios de retroactivos y acusan al Gobierno de cercenar la seguridad jurídica de los inversores y de querer acabar con el sector.

El Gobierno insiste en una reforma necesaria para ajustar un sistema, el eléctrico, que estaba al borde de la quiebra y a la necesidad de "defender el interés general" en un país con unos elevados precios de la electricidad.