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Economía

La Cámara de Cuentas pide una ley para regular las concesiones aragonesas

Solicita que en ella se delimite "bien" la concesión de estas.

El presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Antonio Laguarta, ha urgido este lunes la presentación y aprobación de una ley de subvenciones aragonesa que delimite "bien" la concesión de éstas y que regule las transferencias.

Durante su comparecencia ante la Comisión Institucional de las Cortes de Aragón para presentar los informes sobre las subvenciones y ayudas del sector público autonómico del ejercicio de 2011 y sobre las cuentas anuales de la Universidad de Zaragoza, Laguarta ha insistido en que es necesario que se promulgue esta ley después de que la norma estatal se aprobada en 2003.

Ha pasado el tiempo suficiente como para que Aragón tenga su propia ley, para solucionar determinados problemas detectados por la Cámara de cuentas, como la invocación de determinadas disposiciones derogadas para conceder subvenciones, algunas de ellas incluso de "dudosa legalidad".

La ley debería enunciar con claridad, según el informe, los casos en los que pueden concederse subvenciones de forma directa.

La conclusión general del informe sobre subvenciones, ha dicho Laguarta, es que se ha cumplido la legalidad "con algunas excepciones".

Los créditos del ejercicio 2011 para subvenciones y transferencias ascienden a 1.998,33 millones de euros, cifra que representa un 36 por ciento del presupuesto de gastos consolidados, con una disminución de 300,9 millones con respecto al ejercicio de 2010 (un 13,1 % menos).

En varias líneas, se asegura en el informe, las subvenciones se conceden de forma directa y en muchos expedientes no se incluyen informes o memorias en los que se justifique la excepcionalidad de este método y la imposibilidad de aplicar el procedimiento ordinario de concurrencia competitiva, además de que varias líneas de subvención destinadas a entidades locales financian actuaciones de idéntica naturaleza, revelando "falta de coordinación".

Otra de las conclusiones del informe es que se debería exigir un mayor esfuerzo inversor a los beneficiarios de las subvenciones mediante aportación de recursos propios.

Respecto al informe sobre la Universidad de Zaragoza, el vicepresidente de la Cámara de Cuentas, Alfonso Peña, ha explicado que en 2011 se produjo una "fuerte caída" de las transferencias a la Universidad, fundamentalmente del Gobierno de Aragón, algo que se compensó por el incremento del endeudamiento en 10,33 millones de euros.

Peña ha dicho que es "urgente" que la Universidad de Zaragoza concluya los trabajos para implantar un sistema de análisis de los costes de la investigación y la enseñanza para adecuarlos de la forma más breve posible, y nunca más tarde del curso 2015-2015, a los precios de las tasas y matrículas.

Las Cuentas Anuales de la Universidad de Zaragoza correspondientes al ejercicio 2011 se rindieron dentro del plazo legalmente establecido y presentan la estructura y el contenido previstos en las disposiciones de aplicación.

En el informe se pone de manifiesto que la Universidad de Zaragoza ha cumplido "razonablemente" en el ejercicio 2011 la normativa legal que regula su actividad económica y financiera, la gestión de personal y la contratación.

Pero la Cámara de Cuentas hace algunas recomendaciones, una de ellas relacionada con la alta tasa de interinidad del personal de administración y servicios, que llega al 27,6 %, y por eso se sugiere la reducción de este porcentaje, y tener en cuenta los límites reales de temporalidad de cara al futuro, en particular en lo que se refiere a la planificación estratégica de sus recursos humanos.

Asimismo, se recomienda a la Universidad de Zaragoza que elabore su presupuesto de forma que pueda ser aprobado antes del comienzo del ejercicio económico, incluyendo en el mismo toda su actividad docente e investigadora prevista.

Y también que se ajuste el endeudamiento a las necesidades de financiación del ejercicio, evitando para ejercicios futuros, incrementos innecesarios de sus cargas financieras y tener que destinar recursos para su cancelación.

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