Proponen que los que cobran más paguen menos

El comité de expertos de la reforma fiscal propone rebajar el tipo mínimo del IRPF a entre el 19% y 20%, frente al 24,75% actual, y que el tipo máximo no supere "en ningún caso" el 50% (ahora está en el 52%) y que se vaya aproximando paulatinamente al tipo máximo promedio que se aplica en los países de la zona euro, situado en el 43,7% en 2013, para evitar deslocalización de personas, actividades, ahorro e inversiones.

Según el documento de los expertos, apuestan que la tarifa del impuesto se quede "en un máximo de cuatro tramos", con un tipo mínimo, que se aplicaría en el primer tramo y que se reduciría en "al menos" cuatro o cinco puntos desde el 24,75% actual.

Este mismo tipo mínimo, según proponen los expertos, es el que se aplicaría al ahorro como un gravamen único, frente a los tres actuales del 21% para las ganancias hasta 6.000 euros, del 25% hasta 18.000 euros y del 27% a partir de esta cifra. Por tanto, los expertos abogan por que se mantengan las dos bases del IRPF: rentas del trabajo y rentas del capital.

Los expertos quieren también que la rebaja del impuesto, especialmente para las rentas medias y bajas, entre en vigor ya en 2015 y que los llamados 'mileuristas', aquellos contribuyentes con rentas inferiores a los 12.000 euros al año, dejen de tributar por este impuesto, medida que coincide con el anuncio que ya realizó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Además, la comisión presidida por Manuel Lagares aboga por elevar "significativamente" la cuantía de los mínimos personales para favorecer principalmente a las familias con hijos o ascendientes a su cargo, del tal manera que la rebaja de la tarifa del IRPF atienda más las circunstancias personales de los ciudadanos, con un aumento de la igualdad entre quienes tienen niveles similares de renta y una mayor progresividad.

En este punto, afirman que debería actualizarse la cuantía del mínimo de exención por cónyuge e hijos, aplicando una cuantía adicional y más elevada por los hijos menores de tres años cuando ambos cónyuges desarrollen su actividad laboral fuera del domicilio familiar. También apuestan por revisar la cuantía del mínimo de exención por dependencia integrándose en el mismo la deducción actual por rendimientos del trabajo obtenidos por personas dependientes.

De cara al futuro, apuestan por que la evaluación de los mínimos personales y familiares se haga, como máximo, cada cuatro ejercicios, de modo que en ningún caso resulten inferiores, en su conjunto y para una familia de tamaño medio, a la mitad del consumo mediano puesto de manifiesto por la encuesta de presupuestos familiares.

Los expertos mantienen, en cambio, el tratamiento fiscal de los fondos de pensiones, pero sí piden extender su trato favorable a las cuentas de ahorro a largo plazo, con el fin de incentivar el ahorro-previsión.

El comité de 'sabios' también apuesta por eliminar "en un plazo suficientemente largo" la deducción por compra de vivienda habitual para quienes la adquirieron antes de la desaparición de esta ventaja fiscal, el 1 de enero de 2013, y apuestan por imputar como renta la vivienda habitual en propiedad, pero sólo hasta que se apruebe una revisión al alza del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

Los expertos afirman que, al objeto de atenuar la carga para contribuyentes con rentas reducidas, podría mantenerse exento el rendimiento del propio domicilio cuando la base imponible del contribuyente y su cónyuge no exceda de 20.000 euros anuales y el valor catastral de ese domicilio no supere los 90.000 euros.

Además, apuestan por que se integre en la base del ahorro, sin reducción alguna en su cuantía, todos los rendimientos imputados por los inmuebles propiedad del contribuyente, de uso propio o de su familia, así como los obtenidos por el alquiler de esta clase de bienes, una vez que, en este último caso, sean descontados los gastos fiscalmente deducibles, sin incluir entre ellos los préstamos hipotecarios para su adquisición, para hacerlo compatible con la eliminación de la deducción por intereses en el caso de la compra.

La comisión apuesta por eliminar de forma gradual el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) en la compraventa de viviendas, impuesto que se paga en el caso de las de segunda mano, ya que los expertos consideran que grava dos veces el mismo hecho imponible, dado que los inmuebles ya pagaron IVA cuando se constituyeron. Además, los 'sabios' creen que este impuesto desincentiva las transacciones de viviendas y resulta, por tanto, ineficiente. 

En cuanto al IBI, los expertos consideran necesario que este impuesto, cedido a los ayuntamientos, grave anualmente el valor patrimonial de los bienes inmuebles, estableciéndose un valor catastral de los mismos, respecto al valor de referencia, en un porcentaje más elevado que el actual 50%. A su vez, indican que la estimación del valor de referencia de cada inmueble debería ser objeto de revisión anual simultánea para todos los municipios mediante procedimientos a cargo del catastro.

Los expertos proponen que se establezca un tipo de gravamen aplicable a los valores patrimoniales de los bienes sujetos a este impuesto inferior al 1% de los nuevos valores catastrales, al tiempo que consideran que el nuevo IBI debería ser de participación estatal para compensar la no imputación de los rendimientos de los inmuebles de uso propio en el IRPF.

La propuesta de reforma fiscal también aboga por eliminar la actual exención en el IRPF de las cantidades satisfechas por la empresa para el seguro de enfermedad de sus trabajadores, cónyuges y descendientes, por un valor anual de 500 euros por cada asegurado, así como la exención que actualmente ampara la entrega por la empresa a los trabajadores de sus propias acciones o de acciones de sociedades de su grupo a precio gratuito o menor que el de mercado.

En el caso de los rendimientos de actividades económicas se propone la supresión del método objetivo de estimación, el conocido como tributación por módulos, por considerarlo origen de importantes bolsas de fraude. Asimismo, los expertos plantean mantener el método directo de estimación simplificada, pero aplicándolo exclusivamente a actividades con un volumen anual de operaciones muy reducido.