Nuevos límites para las plataformas de crowdfunding

El Gobierno inicia un proceso por el cual pretende regular el vacío legal en esta forma de financiación.

Consejo de Ministros
Consejo de Ministros

El 28 de febrero el Consejo de Gobierno daba luz verde al Anteproyecto de Ley para el Fomento de la Financiación Empresarial que pretende regular el Crowdfunding o, como las denominan en el texto, las Plataformas de Financiación Participativa en Internet, o, al menos, dos tipos de los cuatro que existen.


En la actualidad, este modelo de financiación en masa puede ser o 'De recompensa' -el más habitual, que supone entregar una aportación a cambio de un producto o servicio-, 'De donaciones' – utilizado sobre todo por ONG,s-, 'De inversión o Equity' y 'De préstamo o Crowlending'. Estas dos últimas modalidades, más cercanas al mundo financiero, podrían ser, en un principio, las que resultarían afectadas por la nueva ley.


Pero, ¿qué modificaciones implica el nuevo texto? Por un lado, se establecen límites anuales a las aportaciones de cada inversor, de 3.000 euros por proyecto y 6.000 por plataforma. De este modo se impiden grandes inversiones independientemente del proyecto que se trate. Además, incluye sanciones por hacer publicidad comercial de proyectos concretos que pueden alcanzar los 200.000 euros.


Por otro lado, en el artículo 55 sobre requisitos financieros se incluye la obligación de aportar “un capital social igual o superior a 50.000 euros”, así como de disponer de un seguro de responsabilidad civil profesional con una cobertura mínima de 100.000 euros anuales por reclamación de daños y un total de 150.000 euros anuales para todas las reclamaciones.


Crowdfunding 'made in' Aragón


En la comunidad autónoma existen dos empresas que se dedican de manera oficial al micro-mecenazgo o financiación en masa. Se trata de Grupo Siamm y Somosamalgama, ambas radicadas en Zaragoza y dedicadas al Crowdfunding de recompensa, por lo que, según se recoge en el artículo 46 de la nueva norma sobre exclusión del ámbito de aplicación a aquellas Plataformas de Financiación Participativa que capten recursos mediante donación, compraventa o préstamos sin intereses, la ley no les afectaría.


Sin embargo, las primeras sensaciones son de expectación, al menos hasta que se desvelen más datos sobre su aplicación. "Tenemos muy poca información pero entendemos que a nosotros no nos afecta. Creemos que hace falta regular el vacío legal existente como ya se ha hecho en otros países de Europa, siempre y cuando se refiera a plataformas que incluyen proyectos con necesidades financieras tan elevadas, aunque, en nuestra opción, lo límites establecidos no son razonables", explica Alba Escobar, de Somosamalgama, haciendo referencia a las cuantías por anuales por inversor. "Habrá que ver en qué desemboca todo esto, porque si lo aplicasen a todos los tipos de plataformas supondría el cierre de más de 90% de las plataformas en toda España".


Por su parte, Gonzalo de la Figuera, de Grupo Siamm, también criticaba la ambigüedad del texto y aseguraba que supone "restringir el fenómeno de crowdfunding, aunque entendemos que no nos afecta a nosotros sino a aquellos que trabajan con grandes inversiones”. Sin embargo, asegura que les parece “un disparate" la imposición de “un capital social” que muy pocas empresas españolas van a poder asumir. Sobre la posibilidad de que la norma afectase a los cuatro tipos de micro-mecenazgo."Si es así ya podemos ir cerrando, sería lo mismo que prohibirlo", asevera De la Figuera.


Primeras repercusiones


Las redes sociales ya se han hecho eco de la medida y ha comenzado una iniciativa de recogida de firmas contra la limitación de aportaciones. "Poner un límite de 3.000 euros por proyecto y persona es poner límite a los sueños de un emprendedor, al crecimiento de empleo y a la activación de la activad económica", argumentan.