El registro oficial de certificados de eficiencia energética de viviendas podría ver la luz en Aragón este mismo mes. Así lo esperan al menos las empresas encargadas de realizar estas revisiones, tras varias conversaciones con el Gobierno regional.

Se pondría en marcha de esta forma un mecanismo de control y seguimiento obligatorio -al menos sobre el papel- desde el pasado 1 de junio. De hecho, la Comunidad es la única de todo el país que todavía no ofrece a los ciudadanos este servicio. El motivo de este retraso no es otro que tramitación elegida.

Mientras en otros territorios se ha impulsado a través de Órdenes regionales, en Aragón se ha optado por otra vía. “La normativa aragonesa es clara y establece que el tratamiento de datos de carácter personal exige una norma con rango, al menos, de Decreto”, explican desde la DGA.

Las mismas fuentes prefieren no dar una fecha concreta para su puesta en marcha, pero se baraja un plazo de “un mes o poco más”. De esta forma, el Gobierno de Aragón pondría en marcha todo el mecanismo de control e inspección para que se cumpla con la obligación de contar con un certificado energético en todas aquellas viviendas puestas a la venta o en alquiler.

Un reciente estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) sitúa a la comunidad aragonesa en el último puesto nacional en cuanto a información y facilidades ofrecidas al ciudadano en la implantación del certificado energético, lo que pone de manifiesto el retraso acumulado.

De momento, y aunque la ausencia de un registro oficial no exime de cumplir con la legislación, la realidad es que “solo se realiza el certificado cuando se va a firmar el contrato de compra-venta o alquiler”, según explica Jorge Marco, responsable de Efiactiva, una de las empresas certificadoras de Aragón.

“Aunque por ley deberían tenerlo todos los pisos anunciados, el propietario solo da el paso cuando sabe que va a venderlo o alquilarlo, no antes”, señala. De hecho, “tras el ‘boom’ del año pasado, cuando se anunció esta medida, el número de revisiones ha bajado mucho”, por lo que las empresas certificadoras confían en su puesta en marcha y, sobre todo, en los mecanismos de inspección, para volver a captar clientes y a su vez, para controlar el intrusismo y las malas prácticas en las visitas al inmueble.

En este sentido, la DGA habilitará un equipo de inspección y control que vigile el cumplimiento de los propietarios que vendan o alquilen un inmueble. Los equipos de Energía y Minas y de Vivienda han mantenido reuniones de coordinación para el desarrollo de muestreos de los certificados energéticos asociados a operaciones de arrendamiento de viviendas. Asimismo, la inspección también abarcará a los certificados asociados a las compraventas, a través de la coordinación con la Dirección General de Tributos.

Sin apenas reformas

Uno de los aspectos menos publicitados de las revisiones para obtener el certificado es la inclusión en el informe final de un compendio de recomendaciones para mejorar la eficiencia energética de la vivienda. La ley obliga a la obtención de dicho certificado, pero no exige un nivel determinado.

Aún así, los técnicos proponen mejoras que, en la práctica, no se están llevando a cabo. “En este último año hemos realizado muchísimas inspecciones, y solo en un caso el propietario ha hecho arreglos de acuerdo a nuestras recomendaciones”, explica Marco.

Por ello, la DGA creará una plataforma informática que permita el registro telemático de los más de 15.000 certificados energéticos de viviendas que se prevén anualmente en la Comunidad.

“Con el ánimo de evitar que el certificado sea un papel más, con la plataforma se persigue que los datos asociados a los certificados puedan monitorizarse para avanzar en una fotografía energética en materia de edificación en Aragón”, explican desde la DGA. De esta manera se podrá conocer el estado de eficiencia energética de las viviendas y “adoptar medidas de estímulo a la rehabilitación”.