El ayuntamiento de Sabadell ha sido el último en sumarse a la penalización económica a los bancos que mantienen desocupados sus pisos durante más de dos años. La Ley de Derecho de la Vivienda de Cataluña permite imponer este tipo de sanciones, que buscan incentivar la entrada de pisos vacíos en el mercado a precios asequibles, como demanda la sociedad.

En diciembre, el ayuntamiento de Tarrasa ya multó a tres bancos, con sanciones de 5.000 euros cada uno. En total se han abierto en la localidad 275 expedientes similares. Este tipo de multas son de tipo coercitivo, ya que no cumplen con su propósito real que es el de encontrar un inquilino, pero su importe puede aumentar hasta los 500.000 euros.

Mollet del Vallés también se comprometido a imponer multas por este tipo de faltas, por lo que las entidades bancarias abonarán entre 3.000 y 900.000 euros si tardan más de dos años en facilitar su ocupación, ya sea por sus propios métodos o a través de la Oficina Local de Vivienda del municipio.

Santa Coloma de Gramanet, Castellar del Vallés y Rubí también se sumarán a esta iniciativa en los próximos días.

Tras estos movimientos, la Generalitat de Cataluña ha comenzado a estudiar un nuevo gravamen para los pisos vacíos "cuyo importe será, previsiblemente, el resultado de duplicar el importe del IBI de la vivienda", ha explicado Carles Sala, el secretario de Vivienda del Gobierno catalán.

En Andalucía, está pendiente la creación de un Registro de Viviendas Deshabitadas según se aprobó mediante decreto ley en abril del año pasado. Este órgano permitirá establecer una nueva regulación, así como instrumentos de control para fijar y priorizar las acciones a seguir por la Junta.

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