La Agencia Tributaria investiga las pensiones de cientos de jubilados aragoneses que, después de trabajar en el extranjero, reciben este subsidio tanto del Estado español como de otro europeo. En concreto, Hacienda ha comenzado a enviar cartas a los afectados en las que les solicitan la presentación de sus declaraciones de la renta desde el año 2008, el último que a finales de junio no había prescrito, algo que muchos no han hecho por desconocimiento o por haber información errónea. Aunque en teoría este trámite solo es necesario para aquellos que cobran más de 22.000 euros, el hecho de que tengan dos pagadores rebaja esta cantidad hasta los 11.200, lo que habría obligado a gran cantidad de aragoneses que se encuentran en esta situación a cumplir este requerimiento.

Desde la Agencia Tributaria indican que han detectado “un número elevado de contribuyentes que han declarado correctamente las pensiones obtenidas en el extranjero, pero también se han advertido contribuyentes del IRPF que, o bien no han declarado el importe de la pensión obtenida en el extranjero en la declaración que han presentado, o bien que estando obligados a presentar declaración del IRPF, no la han presentado”.

Pero aquellos que han recibido una de estas cartas no solo tienen que presentar las declaraciones de los últimos años, sino que también pueden recibir multas que oscilan entre los 10.000 y los 20.000 euros por el incumplimiento de sus obligaciones tributarias. No hay cifras oficiales de cuántos afectados puede haber en Aragón, y desde la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) tampoco aportan ningún dato oficial, aunque sí reconocen que se trata de una actuación que “se desarrolla a nivel nacional, si bien es cierto que puede tener una mayor importancia en zonas geográficas españolas que tradicionalmente han tenido muchos emigrantes”.

El número de jubilados en esta situación podría ser elevado en la Comunidad, pues no fueron pocos los aragoneses que a mediados del siglo pasado salieron rumbo a países como Francia, Suiza, Alemania o Bélgica. Solo en los últimos tres años han regresado a Aragón más de 1.500 personas que residían en el extranjero, buena parte de ellos jubilados que vuelven a su tierra cuando llega el momento de retirarse. Sin embargo, se han encontrado ahora con un problema que amenaza su tranquilidad y su patrimonio.

Posibles multas

No obstante, desde este organismo público también puntualizan que “los contribuyentes tienen garantizado por Ley oponerse a los hechos que se le imputan aportando las pruebas que correspondan”, por lo que instan a los pensionistas afectados a presentar los documentos que acrediten que no se encuentran obligados a presentar la declaración o que ya han cumplido con esa obligación.

Asímismo, en la carta que están recibiendo estos emigrantes retornados, la Agencia Tributaria también les advierte que el incumplimiento del plazo y las condiciones señaladas podrían suponer infracciones clasificadas como “graves” y "sancionables con multas pecuniarias". En todo caso, desde Hacienda recalcan que esta situación no es novedosa, pero que ahora pueden acceder a esta información debido a los convenios firmados con otros países y a la informática. Además, aseguran que de momento se está procediendo a recopilar la información necesaria y que, en todo caso, se estudiará cada caso de forma individual y siempre habrá periodos de alegaciones.

Protestas contra la campaña

En Aragón, al contrario que en otras regiones como Asturias, Castilla y León o Andalucía, no existe ninguna asociación autonómica de emigrantes retornados, pero esta situación ya ha sido denunciada por varias de las organizaciones de otras comunidades. De hecho, algunas de ellas ya han protestado por una campaña que califican de injusta, ya que aseguran que nadie había comunicado a estos jubilados que debían realizar la declaración si sus ingresos eran superiores a los 11.200 euros.

Tampoco se muestran de acuerdo desde el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), quienes consideran que no es justo conceder amnistías fiscales a grandes defraudadores y perseguir a trabajadores que tuvieron que emigrar y que no tributaron sus pensiones procedentes del extranjero por desinformación.