El Gobierno estima que los cambios en materia de sanciones a los empresarios que incumplan sus obligaciones de comunicación al Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) de las medidas de despido colectivo, suspensión de contratos o reducción de jornada -y, por ende, de cualquier modificación en las inscripciones como demandantes de empleo- conllevarán un ahorro a las arcas públicas de unos 300 millones de euros cada ejercicio.

Así consta en la memoria de impacto del decreto ley para la Protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 2 de agosto y que deberá ser convalidado antes de 30 días por el Pleno del Congreso.

En el texto se señala que los cambios en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social "pueden suponer un ahorro estimado de unos 300 millones de euros anuales", ya que la media de incumplimientos de los beneficiarios por no mantener la inscripción es de 218.000 y que la cuantía media el pasado ejercicio fue de 1.045 euros mensuales.

Además, el Ejecutivo recuerda que las sanciones por no mantener en alta la inscripción como demandante de empleo implican la pérdida de un mes de la prestación o subsidio en el 94% de los casos y de tres meses en el 3% de los casos. El resto de situaciones acaba con pérdidas de seis mensualidades o incluso de la extinción total de la prestación en caso de reincidencia por cuarta vez.

Mantener la proporcionalidad

Según explica el Gobierno, la intención de este cambio es "mantener la proporcionalidad del sistema vigente de infracciones y sanciones" en lo relativo a la obligación de los empresarios de comunicar al SPEE las medidas de despido colectivo, suspensión de contratos o reducción de jornada adoptadas al inicio de las mismas, así como cualquier variación en las inscripciones.

La decisión se justifica por la "reciente puesta en marcha del sistema de comunicación electrónica de datos" que "regula el contenido y el procedimiento de remisión de la comunicación que deben efectuar los empleadores a la Entidad Gestora de las prestaciones por desempleo en los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada", se añade.

"Así, se pretende evitar la situación de que sea más favorable para el infractor no realizar ninguna comunicación incumpliendo sus obligaciones de forma absoluta, o no comunicar las variaciones e incurrir en un incumplimiento parcial, situaciones que atentan contra el principio de proporcionalidad y que pueden afectar a los derechos de los trabajadores, al sistema de protección social y a la libre competencia entre las empresas", concluye el Ejecutivo.

Prestaciones por desempleo

Con respecto a los cambios aprobados en lo que afecta al mantenimiento y renovación de las prestaciones por desempleo en caso de salida al extranjero, la memoria de impacto se limita a señalar que en 2012 se suspendieron 7.820 prestaciones de media cada mes, cifra que en los primeros cinco meses de este ejercicio ha ascendido a 7.760 prestaciones mensuales.

"Estas bajas en prestaciones no son bajas por sanción sino bajas comunicadas voluntariamente por el beneficiario, de las cuales un 65% son de ciudadanos españoles y el 35% restante de extranjeros. De ellos, el 75% reanuda su prestación a la vuelta presentando los justificantes correspondientes de su salida y el 25% extingue el derecho por no reanudar", precisa el texto, cuantificando en 800 los casos de extinción que tendrán lugar este año.

En el documento de análisis remitido por el Ejecutivo no se evalúan sin embargo los cambios en el Estatuto de los Trabajadores que afectan a aspectos como la representación colectiva o los expedientes de regulación de empleo.