CSI-F ha asegurado que las jubilaciones anticipadas han hecho que el número de empleados públicos dependiente de la Administración General del Estado se situara en 227.814 personas en enero, la cifra menor de la serie histórica que comienza en 2004, según los últimos datos del Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

En concreto, entre enero de 2010 (año del inicio de los recortes al personal funcionario, con la primera bajada de sueldo) y enero de 2013, se han perdido 13.338 empleos. Esta situación se agrava además con la congelación de la oferta pública de empleo, que está dejando a la Administración en una situación bajo mínimos.

Además, según el sindicado, se da la circunstancia de que la media de edad del personal al servicio de los Ministerios se encuentra muy envejecida. Así, casi un 10% de los empleados tiene entre 60 y 64 años y un 42% entre 50 y 59 años. De estas cifras se deduce que casi la mitad del personal se encuentra a las puertas de la jubilación anticipada, en función de su dependencia a la Seguridad Social o a Muface.

Por su parte, el personal al servicio de las diputaciones, cabildos y consejos insulares, también se ha reducido y ha quedado muy por debajo del mínino histórico, con un total de 63.166 personas (13.870 menos que en 2010).

El personal de los ayuntamientos se sitúa en 486.641, muy cerca también de su mínimo histórico, aunque en este caso el descenso está más relacionado con los despidos que introduce la última reforma laboral y la no renovación de interinos.

Pide que se reúna la mesa de las Administraciones Públicas

En términos generales, el número de empleados públicos se redujo en 109.091 personas en 2012, cifra muy desfasada respecto a los 218.000 de la Encuesta de Población Activa (EPA). Ante esta situación, CSI-F reclama la convocatoria urgente de la mesa general de negociación de las administraciones públicas para hacer un análisis riguroso de las plantillas y un plan de recursos humanos para planificar la prestación de servicios y evitar privatizaciones. 

CSI-F cree que el Gobierno está modificando el modelo de administración de manera encubierta, ya que la congelación de la oferta pública de empleo está generando la progresiva entrada de la empresa privada a través de la privatización de servicios que y puestos relacionados con la gestión que hasta ahora estaban reservados a empleados públicos.