El próximo lunes 8 de julio, unos 25.000 trabajadores aragoneses pierden sus convenios colectivos y con ellos, la seguridad de sus condiciones laborales si no alcanzan un acuerdo en estos cuatro días o las empresas no aceptan una prórroga. Según marca la reforma laboral, pasan a regirse por un convenio de ámbito superior (provincial, autonómico o estatal) o, en su defecto, por el estatuto de los trabajadores (que fija las condiciones mínimas).

La reforma laboral redujo a un solo año la ultraactividad, es decir, la prórroga o el espacio de tiempo durante el cual son aplicables las condiciones laborales de un convenio de empresa pese a haberse extinguido. Ese año termina este lunes, 8 de julio, para 45 convenios en Aragón en los que las empresas todavía no han alcanzado un acuerdo con sus trabajadores para fijar sus nuevas condiciones laborales. Por eso, este lunes caducan 45 convenios que afectan a casi 25.000 trabajadores en la Comunidad.

No existen precedentes y por lo tanto, tampoco jurisprudencia al respecto. Es la primera vez que las patronales tienen la posibilidad de mermar las condiciones laborales de sus empleados y olvidarse 'de un plumazo' de pactar con los representantes sindicales nuevos convenios en arduas negociaciones.

"Es una situación muy negativa porque las condiciones laborales de los convenios de ámbito superior siempre son peores que las de los de empresa o los sectoriales", explicaba este jueves Daniel Alastuey, secretario general de UGT-Aragón, en una rueda de prensa.

En busca de una prórroga

El 23 de mayo, los sindicatos llegaron a un acuerdo con la patronal para tener la opción de prorrogar la vigencia de los convenios más allá del día 8 siempre y cuando las empresas aceptasen expresamente y de forma individual. En Aragón, de momento, la DGA ha aceptado prorrogar su convenio colectivo mientras duran las negociaciones, un convenio que afecta a 5.000 trabajadores. En lo que queda de semana, los sindicatos intentarán conseguir el consentimiento para alargar el plazo en todos los casos en los que no se llegue a un acuerdo.

"Los trabajadores entran a partir de este lunes en una situación de inestabilidad porque las empresas pueden decidir que les modifican las condiciones sin decir nada, o que las cambian de forma parcial o que mantienen las actuales de forma provisional si se acogen a nuestra petición de prórroga", lamenta Manuel Pina, secretario de Acción Sindical de CC.OO - Aragón.

"Especialmente difícil es prever lo que va a pasar con las administraciones locales porque no existen convenios sectoriales en este sector y sus trabajadores caerán en un limbo", añadía este jueves Daniel Alastuey.

Cada cambio, a juicio

Sin embargo, los sindicatos no se dan por vencidos y aseguran que llevarán a juicio cada paso que las empresas den en esa dirección. "Al no haber jurisprudencia previa serán los jueces los que irán decidiendo", avanza el portavoz de CC.OO. Consideran los sindicatos que la reforma de la negociación colectiva "no deja nada claro" lo que se puede hacer y lo que no, por lo que "pelearán" por que las personas, de forma individual, no puedan perder sus condiciones laborales al decaer el convenio: "Importantes juristas y catedráticos del derecho laboral defienden, como nosotros, que esas condiciones incluidas en el convenio están implícitas en el contrato de trabajo y que por lo tanto no se pueden modificar solo porque el convenio pierda su ultraactividad" expone el secretario sindical. De todas formas, esto no afectaría a las nuevas contrataciones, que se regirían por el convenio de ámbito superior o el estatuto de los trabajadores.

A nivel nacional, los sindicatos aseguran haber observado claros casos de patronales que no estaban dispuestas a firmar un nuevo convenio colectivo para poder así bajar las condiciones laborales de sus empleados a partir del 8 de julio. "Los empresarios de Guipúzcoa mandaron una circular para informar de que bastaba con que se esperasen a esa fecha", informa Pina. Sin embargo, aquí en Aragón, pese a que quedan 45 convenios sin renovar, no ha habido acciones tan descaradas: "Nadie lo ha dicho en voz alta. Son más intuiciones que actitudes claras, pero claro que sospechamos que hay negociaciones en las que no se está queriendo llegar a un acuerdo".

Cuatro días de margen

Los pasos a seguir hasta el 8 de julio son claros para los sindicatos. Primero, acelerar las negociaciones e intentar llegar a un acuerdo con estas 45 empresas para firmar un nuevo convenio colectivo. Segundo, si eso no se logra, conseguir pactar con ellas una prórroga de la ultraactividad más allá del día 8 mientras duran las negociaciones. Tercero, si esto tampoco se consigue, fijar las bases para llegar a un arbitraje que permita que en ningún caso se pierda el convenio colectivo.

"Ayer mismo -por este miércoles- se cerraron varios convenios y esta semana esperamos conseguir algunas prórrogas", informan desde UGT.

Los puntos más conflictivos a la hora de alcanzar acuerdos para nuevos convenios colectivos son dos: la propia ultraactividad y el salario. Los representantes de los trabajadores están luchando por alargar la ultraactividad para no volver a encontrarse en un futuro en la misma situación que ahora, pero muchas empresas se niegan por completo: "Es un instrumento que les ha dado el Gobierno con la reforma laboral para poder presionar en la negociación y que tengamos que aceptar peores condiciones", analiza el secretario de Acción Sindical de CC.OO. Mientras, desde UGT añaden: "El fin de la ultraactividad permite a los empresarios inclinar la balanza a su favor, por eso de momento en Aragón no hemos conseguido firmar ningún convenio con ultraactividad indefinida".

Además de los 45 convenios que se extinguen este 8 de julio, el 31 de diciembre termina el plazo de otros 25, todavía sin cerrar, que afectan a 46.858 trabajadores aragoneses.

Desde UGT hacen un llamamiento al Gobierno para que active "herramientas que permitan continuar con la negociación colectiva más allá del día 8" y a las empresas para que se sumen al acuerdo del 23 de mayo y acepten una prórroga de las negociaciones. "Si no, serán los responsables de empeorar aún más la situación de crisis porque la pérdida de condiciones laborales de los trabajadores se traducirá en una bajada del consumo".