Casi un centenar de páginas y un destinatario claro: el Palacio de La Moncloa. Cuando el martes pasado el presidente Mariano Rajoy acudió a la asamblea general de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), se llevó bajo el brazo un extenso informe con las medidas que sus responsables ven «necesarias» para salir de la crisis. Su estimación es que aunque algunas no tengan efecto a corto plazo, sus resultados en el medio y largo serán «muy positivos».

Entrando ya en el meollo de ese documento, lo cierto es que la música suena conocida, aunque hay algunas melodías que, aunque no sorprendentes por su origen, sí llaman la atención e incluso pueden resultar polémicas. Y, obviamente, las propuestas más controvertidas se refieren al mercado de trabajo.

En concreto, ven manifiestamente «mejorable» la reforma laboral en vigor desde el 12 de febrero de 2012. Por ejemplo, en el ámbito de la contratación quieren que el Gobierno cambie la ley para que los empresarios puedan «imponer» a sus trabajadores el paso de un contrato de jornada completa a otro a tiempo parcial. Admiten que se trata de «una modificación sustancial» de las reglas de juego laborales, aunque la justifican en que sería «una alternativa a los despidos objetivos» y, además, se haría 'sólo' «cuando concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción».

Su objetivo primordial es «potenciar abiertamente» el contrato a tiempo parcial, con una distribución «más flexible» de la jornada de trabajo y ampliando el número de horas complementarias que pueden realizarse respecto al total de las ordinarias recogidas en el contrato, que se duplicaría del 15% al 30%. Y respecto al contrato de formación, desde la CEOE quieren que se considere como de inserción -equiparándolo a una especie de prestación-, «al menos con carácter coyuntural», y que sea aplicable a todos los trabajadores sin límite de edad. Con este cambio, potenciarían una vía de acceso al mercado que les gusta, pues parte inicialmente con el salario mínimo interprofesional (fijado para 2013 en 645,3 euros al mes) y su protección social no penaliza en costes al empresario.

Respecto al empleo temporal, pretenden que se eliminen las restricciones a la concatenación de contratos -que hacen que si un trabajador pasa dos años contratado en un período de 30 meses adquiere la condición de indefinido-, «y especialmente evitar que opere (dicha suma) para un mismo trabajador con diferente puesto de trabajo» cada vez, o cuando sea contratado por otra empresa del mismo grupo, e incluso en los casos de sucesión o subrogación empresarial. Quieren, además, que se pueda «refundir» el contrato de obra con el eventual y, a su vez, se potencie más el papel de las empresas de trabajo temporal (ETTs).

Salarios variables

En flexibilidad interna, la patronal persigue, de un lado, elevar hasta un 15% la parte de la jornada laboral que puede distribuirse de forma irregular, así como contemplar una bolsa de horas o días en los que el empresario podrá alterar el calendario anual. De otro, busca «mayor flexibilidad» en las funciones a desempeñar según convenio y que todos los salarios (no solo en los sectores donde ya es habitual, como el comercio) tengan una parte variable, «sustituyendo conceptos retributivos obsoletos o improductivos» por otros vinculados directamente a la situación y resultado de cada empresa.

Sobre los despidos colectivos, ve preciso «evitar el riesgo de su judicialización» y posterior nulidad, algo que según sus datos ocurre en el 50% de los casos; para ello, quiere que se limite la falta de validez de un expediente de regulación de empleo (ERE) a los casos de ausencia del período de consulta. Y para mejorar el control del absentismo laboral, además de que sean las mutuas las que den las altas médicas y no la Seguridad Social, pide que se sancionen las bajas fraudulentas y que se penalice en la prestación (en los primeros 15 días) a quienes sean más reiterativos.

Otro punto controvertido del informe de la CEOE es su propuesta para reorientar el destino actual de los fondos recaudados con la cuota de formación (1.860 millones de euros en 2013), de manera que la «prioridad» sería mejorar la preparación profesional de los trabajadores en activo, «alejándose por tanto de políticas» destinadas a desempleados.

La tributación es otro foco de sus reivindicaciones, pues la patronal ve «imprescindible» rebajar la imposición indirecta. En concreto, pide una bajada «inmediata» del IVA y que no se incrementen los impuestos especiales (carburantes, alcohol y tabaco). Demandan, a su vez, bonificaciones por reinversiones de beneficios o por el lanzamiento de nuevas actividades. Por último, reclaman que los empresarios puedan compensar las deudas a Hacienda y la Seguridad Social con el dinero que les deben las Administraciones Públicas, y que se limite la fiscalidad 'verde' para no crear «una doble imposición».