Los ministros de Economía de la Unión Europea (UE) han refrendado el estricto calendario que la Comisión Europea (CE) ha impuesto a España para las reformas a acometer, entre ellas la de pensiones y del sistema tributario, a cambio de los dos años de margen para que corrija su déficit.

Las recomendaciones, adoptadas en el consejo de ministros que se celebra en Luxemburgo, piden a España una aplicación oportuna y rigurosa de las medidas anunciadas en el Plan Nacional de Reformas y de las exigencias de Bruselas.

Al mismo tiempo, la UE da un balón de oxígeno mayor de lo previsto a España al fijar unos objetivos de déficit más benévolos de lo establecido por el Gobierno de Mariano Rajoy.

España debe corregir su déficit excesivo de aquí a 2016, con el objetivo de alcanzar el 6,5 % del PIB este año, el 5,8 % en 2014, el 4,2 % en 2015 y el 2,8 % en 2016.

El Ejecutivo comunitario ha fijado de plazo hasta el 1 de octubre para que el Gobierno español adopte medidas eficaces y para que informe en detalle de la estrategia de saneamiento prevista para alcanzar los objetivos establecidos.

Entre otras medidas, la UE pide a España culminar antes de finales de año la regulación del factor de sostenibilidad en el sistema de pensiones y que realice una "revisión sistemática" del sistema tributario para marzo de 2014.

Durante las negociaciones para cerrar el texto con los socios de la UE, España logró más flexibilidad en el apartado de las jubilaciones y pensiones.

Mientras en las recomendaciones de la CE se exigía al país que "la edad de jubilación aumente en función de la esperanza de vida", el texto permite eludir esta subida con el ajuste de las pensiones como alternativa.

Los Veintisiete proponen "alinear la edad de jubilación o las prestaciones de las pensiones a los cambios en la esperanza de vida".

Además, España debe finalizar la evaluación de la reforma laboral para julio y fija hasta septiembre para presentar posibles modificaciones de la misma.

Bruselas sostiene que España debe considerar "una mayor limitación del gasto fiscal relativo a la imposición directa y explorar el margen existente para una mayor limitación de la aplicación de los tipos de IVA reducidos", así como adoptar medidas adicionales en lo que respecta a los impuestos medioambientales, sobre todo los gravámenes sobre los carburantes.

El ministro de Economía y Competitividad español, Luis de Guindos, reiteró precisamente que el Gobierno no se plantea reducir el número de productos a los que se aplica un IVA reducido, al afirmar que "eso no esta en absoluto encima de la mesa de la mesa".

El texto del Ecofin incluye también una mención "a los impuestos indirectos" sobre la energía en este apartado.

Los Veintisiete piden como novedad a España que cree un "observatorio independiente" que informe sobre la evaluación del futuro de proyectos de infraestructuras de gran envergadura, como las de transporte.

A nivel de la administración recomiendan mejorar la eficacia y la calidad del gasto público y efectuar un examen de las mayores partidas de gasto para marzo de 2014.

También piden al Gobierno español que reduzca el sesgo en favor del endeudamiento en el impuesto de sociedades, adopte el Plan Nacional de Empleo de 2013 antes de julio, realice "rápidamente una reforma de las políticas activas de empleo" y refuerce y modernice los servicios de empleo público.

Los Veintisiete también recomiendan a España que apruebe y aplique "urgentemente" el proyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado y que haga antes de fin de año lo propio con la Ley de Colegios y Servicios Profesionales y la Ley de Apoyo al Emprendedor.

Igualmente el país debe abordar el déficit de la tarifa eléctrica con una reforma estructural del sector antes de finales de año y aprobar la reforma de la administración local y la Ley de "Desindexación".