Varios gobiernos autonómicos se han justificado a lo largo de este miércoles por no abordar una bajada del IRPF a las rentas más bajas como ha anunciado el presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, aunque algunos han aclarado que podrían tomar una medida así si mejora su financiación.

Los presidentes regionales del PP han evitado la confrontación con su compañero extremeño. Sólo el Ejecutivo de Cantabria ha anunciado que estudia alguna forma de rebaja fiscal, bien a través de impuestos y tasas, bien con ayudas, que incluirá en los Presupuestos de la comunidad de 2014.

Su presidente, Ignacio Diego, ha recordado de todos modos que si Extremadura puede tomar este camino ahora es por el ingreso de más de 300 millones de euros por una sentencia judicial favorable (el TC le ha dado la razón sobre el impuesto sobre depósitos bancarios). "Nosotros no hemos tenido desgraciadamente este tipo de ingresos", ha dicho.

Tras el anuncio del presidente extremeño, otros gobiernos también del PP han defendido su propia política fiscal. El consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Arturo Romaní, ha explicado que cada autonomía sabe "los márgenes que tiene" y que el equipo de María Dolores de Cospedal ha optado por medidas fiscales dirigidas a colectivos muy concretos, en vez en el IRPF. "Son maneras distintas de entenderlo", ha justificado.

El presidente madrileño, Ignacio González, ha compartido abiertamente una política de bajada de impuestos, pero ha matizado que siempre que se lleve a cabo "dentro de unas circunstancias económicas que lo permitan" y siempre "con cargo a recursos propios".

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Riverno, ha dejado claro que si su comunidad tuviera una mejor financiación podría pensar en tomar medidas así y ha reclamado los mil millones que, a juicio del ejecutivo autonomico, le "corresponden". Rivero ha interpretado además el anuncio de Monago como un "gesto forzado" por el apoyo político de Izquierda Unida.

Críticas socialistas

Las comunidades gobernadas por el PSOE han ofrecido una interpretación más crítica. Desde el Principado de Asturias, el portavoz del Gobierno, Guillermo Martínez, ha calificado la política de Monago de "política de entrentenimiento que dista mucho de la seriedad con la que tiene que abordarse la política fiscal".

En cuanto a la Junta de Andalucía, los dos socios de gobierno han expresado su propio punto de vista. Para la socialista Susana Díaz, consejera de Presidencia, el anuncio de Monago pone de manifiesto "la confrontación interna" del PP.

Y el vicepresidente Diego Valderas, de IU, ha defendido que el plan contra la exclusión social andaluz es "mucho más potente" que la rebaja fiscal extremeña: Multiplica "por diez o por doce" el coste, al sumar 120 millones de euros. Dicho esto, sin embargo, ha considerado "positiva e interesante" la propuesta de Monago. "Bienvenidas todas las medidas de este tipo que vengan a beneificiar a la mayoría social", ha agregado.