El Ministerio de Hacienda quiere poner el contador a cero de todas las facturas sin pagar de las comunidades autónomas. El ministro Cristóbal Montoro ha advertido a los gobiernos autonómicos que pretendan sumarse al nuevo plan de proveedores, que deberán incluir en el listado de facturas presentadas todo el dinero que adeudan a los ayuntamientos. En el caso de Aragón, la cifra superaría los 15 millones de euros. Con esta medida, la DGA se vería obligada a liquidar todas las cantidades pendientes en convenios de materia social con las entidades locales. Además, también otro tipo de deudas, como las tributarias, que solo en el caso del Ayuntamiento de Zaragoza superan ya los 10 millones de euros.

De momento, la advertencia ha sido exclusivamente del Ministerio a las comunidades. Sin embargo, se supone que Hacienda también obligará a los entes locales a pagar lo que adeudan a otras administraciones. De esta manera, en algunos casos se podrá producir una compensación de deudas. Lo idóneo, según plantean, es que comunidades y ayuntamientos establezcan primero cuánto se deben exactamente y luego acudan al fondo de proveedores, para ahorrarse lo que conllevará de intereses si cada uno incluye las deudas del otro sin un acuerdo previo.

En el caso del Gobierno de Aragón, el acreedor principal de las instituciones públicas es el Ayuntamiento de Zaragoza, al que debe aproximadamente 13,5 millones del año 2012. En este caso, si se suman las diferentes sociedades públicas que gestionan, hay deudas cruzadas (por ejemplo, ahora una sentencia le obliga a que el Ayuntamiento pague a una sociedad de la DGA más de 7 millones por las obras del balcón de San Lázaro). Si el Consistorio se acoge al próximo plan de proveedores, también deberá resarcir esta deuda a través de él.

En cuanto a las capitales de Huesca y Teruel, ambas reclaman también alguna cantidad al Gobierno autonómico, pero en estos casos pueden no superar los 200.000 euros por administración. Hay que sumar además los convenios pendientes y también el equilibrio de cuentas con diputaciones y comarcas.

De todas las administraciones aragonesas, son precisamente las diputaciones y unos pocos ayuntamientos (ninguno de ellos las tres capitales) las que se encuentran en mejor situación financiera debido al ajuste realizado en los últimos años.

«Será el último plan»

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, señaló que confía en que, con este plan, todas las administraciones logren pagar ya todas sus deudas con empresas privadas y con otras administraciones públicas. Según dijo, el Ministerio de Hacienda prevé que este plan de pago a proveedores sea «el último». Además, confió en que todas las autonomías lo acepten «y paguen» lo que deben a sus ayuntamientos.

Según informó Beteta, está previsto que en «pocos días» se apruebe el decreto que regulará este nuevo plan.Su principal diferencia con los anteriores es que no solo busca que se paguen las facturas con el sector privado sino que intenta acabar con las reclamaciones de dinero entre las diferentes administraciones.

En cuanto a Aragón, es seguro que se sumará, ya que fue una de las comunidades que solicitó que se hiciese un nuevo plan.Además, el consejero de Hacienda, planteó algunos cambios respecto al plan que se utilizó en 2012, aspecto que fue bien recibido por el Ministerio.

Hay que recordar que, además de las deudas con administraciones, el Ejecutivo autonómico también tiene facturas pendientes con el sector privado y la mayoría de ellas se concentran en el ámbito sanitario. Según una respuesta escrita al PSOE, a fecha de 1 de marzo, la DGA acumulaba una deuda sanitaria de 192,3 millones de euros, que correspondía a las 80.807 facturas pendientes de pago del año 2012.

Desde el Ejecutivo afirmaron entonces que pagan «en tiempo y forma» a sus proveedores y que se ha logrado reducir el periodo medio de pago de 170 a 100 días en el último año y que buena parte del dinero que se debe de 2012 corresponde a facturas giradas en los últimos tres meses.