El Gobierno central se ha tomado muy en serio la lucha contra el fraude, y parece que la va a llevar hasta el último resquicio que pueda. A las tradicionales inspecciones de trabajo, que permitieron descubrir el año pasado a cerca de 2.000 empleados sin contrato, se unen nuevas técnicas como el control de los anuncios por internet de venta y alquiler de viviendas.

No en vano, con las arcas del Estado en serias dificultades, el Ejecutivo ha visto en la detección de actividades ilegales una buena fuente de ingresos. Solo Hacienda recaudó el año pasado un 10% más que en 2011 por control del fraude, hasta alcanzar los 11.517 millones de euros.

En esta línea, la nueva idea del Ministerio de Empleo y Seguridad Social pasa por vigilar más de cerca a partir de este año la legalidad en la contratación de trabajadores que realizan obras y reformas en locales y pisos. Para ello, se va a solicitar a los principales ayuntamientos aragoneses la relación de licencias concedidas para estos casos, y así poder realizar un control más efectivo.

Es una de las medidas incluidas en el plan contra el fraude. “En la lucha contra la economía sumergida resulta de vital importancia la colaboración con las entidades locales, pues la importante presencia de la Policía Local hace que los ciudadanos presenten la solicitud de licencias que tienen que otorgar los ayuntamientos antes de la realización de algunas actividades económicas”, señala el citado plan.

Buscando pistas

“No obstante -continúa-, en determinados casos, con posterioridad los ciudadanos no dan de alta sus negocios, ni cumplen con sus obligaciones fiscales. Por ello, es precisa la obtención y explotación de la información que los ayuntamientos tienen sobre licencias de apertura de negocios, licencias de obras, lo cual puede dar información sobre actividades de reformas, y la utilización de contenedores para traslado de escombros de obras a escombreras”.

Ante un mercado inmobiliario a la baja, con escasas ventas, y la mayoría de ellas sobre viviendas de segunda mano, las obras de rehabilitación y reformas en general mantienen el pulso a la crisis. Sin embargo, desde el Ministerio están convencidos de que un porcentaje importante de estos trabajos se realiza en negro.

Además, esta nueva campaña coincide con las nuevas ayudas para la rehabilitación de edificios, que permitirán a los propietarios reducir la factura final de las reformas que hagan para mejorar la accesibilidad, el aislamiento y la eficiencia energética.

Control a través de los notarios

A su vez, la ministra Fátima Báñez ha firmado esta misma semana con el presidente del Consejo General del Notariado, José Manuel García Collantes, un convenio de colaboración que permitirá a la Inspección de Trabajo tener acceso a los datos de los notarios para combatir el fraude en materia de empleo irregular.

De esta forma, los inspectores obtendrán información como la referente a la composición de órganos de administración de sociedades, la intervención en compraventa de acciones y participaciones sociales, la constitución de hipotecas o apoderamientos y, en general, información para determinar la efectiva titularidad y gestión de las empresas.