El Gobierno ha aprobado este viernes un real decreto-ley de protección a los titulares minoristas de preferentes en el que se crea la comisión que hará los criterios para acceder a los arbitrajes y ordena una derrama de cerca de 2.000 millones entre los bancos para pagar a preferentistas de NCG y CatalunyaBanc.

La aportación de los bancos se realizará mediante una aportación al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) bancarios y responde a la necesidad de lograr liquidez para pagar a los clientes minoristas de la entidad gallega y la catalana las acciones que reciban a cambio de sus preferentes, ya que ninguna de las dos cotiza y no tienen posibilidad de venderlas en el mercado.

En todas las entidades nacionalizadas (NCG, CatalunyaBanc y Bankia) al realizar el canje por acciones se efectuará una quita en el valor de las preferentes en cumplimiento de lo estipulado por la normativa europea, ha recordado el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Según ha estipulado el FROB, entidad estatal mediante la que se ha rescatado a los bancos, la quita media para los tenedores de preferentes de Bankia será del 38 %, para los de CatalunyaBanc ascenderá al 61 %, mientras que para NCG será del 43 % y para Banco Gallego, filial de esta última, del 50 %.

En las entidades no cotizadas (NCG y CatalunyaBanc), el precio de recompra de las acciones resultantes de estos canjes se determinará mediante un informe de un experto independiente que calculará el valor de mercado de estos títulos.

El informe será encargado por la comisión gestora del FGD y su coste se descontará de los fondos obtenidos.

Según ha explicado De Guindos, la gestora del FGD hará una derrama entre los bancos del 3 por 1.000 de los depósitos, lo que dará un montante de entre 1.500 y 2.000 millones de euros, aunque ha avanzado que estará más cerca de la última cifra.

Antes del 31 de diciembre de este año los bancos abonarán el 40 % de la derrama, aunque habrá excepciones: las entidades intervenidas por el FROB estarán exentas y las que tengan un balance por debajo de 5.000 millones de euros se deducirán hasta un máximo del 50 %.

Por último, habrá deducciones de hasta un 30 % de las aportaciones realizadas o que se realicen hasta el 31 de diciembre de 2013 al 'banco malo' (Sareb).

El segundo tramo se abonará a partir de 1 de enero de 2014 de acuerdo a un calendario que fijará la comisión gestora del fondo dentro de un plazo máximo de 7 años.

En cuanto a la comisión de seguimiento, el ministro explicó que será el órgano encargado de supervisar los arbitrajes ya realizados en NCG y CatalunyaBanc y establecer "los criterios básicos que tienen que utilizarse" en el de Bankia, que se iniciará el próximo 1 de abril.

La comisión determinará el universo general de los preferentistas que podrán acceder al sistema de arbitraje, que en ningún caso podrán ser inversores institucionales.

Asimismo, determinará unos criterios para extraer de este grupo inicial de beneficiarios a los clientes más vulnerables desde el punto de vista financiero, que gozarán de un "procedimiento express" de arbitraje.

Entre sus funciones también estará la de realizar análisis, elaborar informes trimestrales al Congreso y elevar propuestas para mejorar la defensa de los ahorradores.

Estará compuesta por la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el subgobernador del Banco de España, el secretario general de Sanidad y Consumo, el secretario general del Tesoro, el Consejo de Consumidores y Usuarios y representantes de las consejerías autonómicas que han participado en los arbitrajes.

La comisión de seguimiento es un órgano previsto en el acuerdo que alcanzaron PP y PSOE el pasado 29 de enero para dar una salida a los afectados por preferentes y ha sido uno de los puntos de enfrentamiento entre los dos partidos por sus funciones.

El PSOE ha defendido que fuera la CNMV quien realizara el perfil y la selección de los beneficiarios del arbitraje, algo que también comparte el Defensor del Pueblo.

En cualquier caso, la decisión de si el afectado por una comercialización irregular debe recibir el cien por cien de lo que invirtió o soportará alguna pérdida dependerá del árbitro del proceso.

Luis de Guindos ha destacado que con este decreto se pide a los bancos "una cantidad adicional de dinero" para aumentar los recursos del FGD y así conseguir liquidez para pagar a los afectados por una comercialización irregular de productos financieros.

Asimismo, ha recordado que el asunto de las preferentes es "un problema heredado" y ha recordado que el Gobierno ha favorecido procesos de arbitraje para NCG y CatalunyaCaixa.

Según los datos facilitados por de Guindos, en el caso de la entidad gallega se han beneficiado del arbitraje 14.100 personas de las 56.000 que lo solicitaron, mientras que en la antigua caja catalana, de 30.000 solicitudes se han admitido 10.000.